En las últimas horas la Comisión Global sobre Política de Drogas presentó, en Bogotá, el informe La política de drogas en Colombia: el camino a una regulación justa en el que exhortan a que el Estado colombiano se encamine en la regulación y despenalización de las drogas, para lo que hace una serie de recomendaciones.
El informe, que se presentó en la capital colombiana, estuvo acompañado de un foro en el que hicieron presencia los expresidentes de Colombia Juan Manuel Santos y Césa Gaviria, miembros de la comisión, la expresidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, y el expresidente de México, Ernesto Zedillo, los miembros de la comisión coinciden en que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, no solo por el alto costo económico y en vidas, sino por las afectaciones que el narcotráfico provoca en la democracia.
En el informe la Comisión Global sobre Política de Drogas hizo referencia a la entrega anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que también se presentó en Bogotá el pasado 20 de octubre, en el que se registra que los cultivos de coca crecieron en un 43 % en 2021, cuando se contabilizaron unas 204.000 hectáreas sembradas en todo el territorio colombiano, para recomendar que el mejor camino es regular las todas las drogas, siendo esta la primera recomendación de la comisión, para la que es crucial incluir a las comunidades sistemáticamente marginadas.
“Las autoridades estatales a nivel nacional, departamental y local deben diseñar, legislar e implementar políticas tendientes a la regulación legal de todas las drogas que actualmente se consideran ilícitas, comenzando por el cannabis y siguiendo con la hoja de coca y la cocaína, así como la amapola o adormidera (los tres cultivos principales de Colombia) como medio de garantizar el disfrute de los derechos culturales, económicos y sociales, aumentar las oportunidades del campesinado y fortalecer el Estado de derecho en el país”, señala el informe.
La segunda recomendación de la comisión va en caminada a que el diseño de la nueva política de drogas debe hacerse con un enfoque diferencial que priorice los derechos humanos, por lo que exhortan a tener en cuenta “especialmente a las personas que consumen drogas, las comunidades indígenas y afrocolombianas, la sociedad civil y las comunidades que cultivan plantas que hoy son ilegales”.
El tercer punto tiene propone despenalizar el consumo, la producción y el cultivo de drogas, así como otras actividades no violentas relacionadas con las drogas, por lo que recomiendan que las autoridades “deben poner fin a todas las sanciones penales, administrativas y civiles por el consumo”.
“Esa medida estaría en consonancia con los principios rectores del Acuerdo de Paz, y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y respondería a las necesidades y realidades de las personas que se dedican a estos cultivos, además de ofrecer un mayor grado de seguridad pública y promover la confianza entre los ciudadanos y el Estado”, señala el informe.
La cuarta recomendación va encaminada a reparar los daños que ha causado la política prohibicionista, por lo que se recomienda al Estado colombiano “la elaboración, diseño e implementación de las políticas de drogas debería ser independiente de la agenda de seguridad, de modo que se centre la atención en una estrategia orientada a la salud, los derechos humanos, el desarrollo y la reducción de daños. Se debería hacer énfasis en reducir los presupuestos militares y aumentar la financiación de las autoridades civiles”
La última recomendación del informe tiene que ver con el fortalecimiento institucional para así aumentar la eficacia y crear un sólido enfoque en derechos humanos en la lucha antidrogas.
“Se necesitan mandatos más firmes y una mayor financiación específica para intervenciones de base empírica en materia de políticas de drogas con el fin de aumentar la eficacia y crear un sólido enfoque de derechos humanos”. Por ejemplo, agrega, “se deberían reorientar las acciones militares hacia el narcotráfico a gran escala y aumentar la capacidad del Estado de destinar recursos al enjuiciamiento de los segmentos de alto nivel de la delincuencia organizada, con el fin de reducir la violencia, la corrupción, el blanqueo de dinero y el contrabando”.
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