‌URI de Puente Aranda, donde murió Juan Pablo González, tiene un hacinamiento del 95 %: así es el panorama en otros centros de detención

Juan Pablo González Gómez, acusado de acceso carnal violento en contra de la adolescente Hilary Castro en la estación de TransMilenio La Castellana, murió en la URI de Puente Aranda, donde se encontraba detenido para esperar su traslado a una cárcel de Bogotá, como lo había ordenado el juez. Su caso puso de relieve, nuevamente, la profunda insuficiencia para la detención de delincuentes aunque es la única que se ha registrado este año.

“La URI de Puente Aranda cuenta con 8 celdas en 2 pisos, el cupo es para 350 personas y de acuerdo con el registro, en las últimas horas se encontraban 601 personas privadas de la libertad, incluido González Gómez, lo que representa hacinamiento de 95%”, señaló la Personería de Bogotá.

Pero esta situación no es única de este punto de la capital. Para el 4 de noviembre en las 22 estaciones de Policía y la URI de Puente Aranda, el Ministerio Público había registrado un 256.83 % de hacinamiento en la capacidad global de los lugares de detención preventiva. Dos veces y media más del máximo, es decir, mientras se tienen celdas para 1.237 personas en la capital, hay 3.177 detenidos.

De acuerdo con la Personería no se evidencia una disminución en la población detenida de manera preventiva y esta asciende a 2.721 personas. “En reiteradas oportunidades, este órgano de control ha revelado y dado a conocer las deficiencias en la custodia de los detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata URI y Estaciones de Policía de Bogotá, así como el hacinamiento en la mayoría de ellas”, sostuvo la entidad.

Por ejemplo, en la celda del piso 2 de la Sijín en la que habría estado Juan Pablo González, se tiene una capacidad para 155 personas, pero tiene más de 314 detenidos. Esta situación genera dificultades para la vigilancia de los detenidos, acceder a las celdas es complejo para los uniformados y custodios, por lo que al interior puede ocurrir cualquier cosa, según señaló a Infobae Eduardo Guerrero López, delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Bogotá.

“El Estado debe garantizar las condiciones mínimas de vida digna de las personas privadas de la libertad en situación de detención, es decir, debe velar por la dignidad humana y, en ese orden, debe velar por la vida e integridad física de las personas; que tengan acceso al derecho de la salud, a su mínimo vital, que tengan derecho al acceso a la alimentación. Si bien los derechos están restringidos de manera parcial, esa restricción no es absoluta y por ende el Estado de garantizar la dignidad la dignidad humana, así como la vida integridad física de las personas privadas de la libertad”, sostuvo Guerrero.

Tal es la situación que este año la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario nacional. “Nosotros hemos evidenciado que el hacinamiento es aquel origen causante de todos los males en los establecimientos carcelarios y particularmente en los centros transitorios de detención”, sostuvo el delegado.

Desde la Personería de Bogotá realizaron una visita administrativa la noche del pasado sábado, cuando se conoció la muerte de Juan Pablo González en la URI de Puente Aranda. Buscan establecer las condiciones en las que murió, sobre lo cual se adelantan las investigaciones respectivas, así como del lugar pues hay versiones encontradas respecto a si ocurrió en la celda o en los baños.

Este martes 8 de noviembre, a las 2:00 pm. la Personería citó al Distrito, a la Secretaría de Seguridad, a la URI y a la Policía Metropolitana de Bogotá para levantar un documento un documento oficial frente a la situación que produjo la muerte del señalado abusador en TransMilenio.

A la entidad le causa preocupación que el hacinamiento también se traslada a las cárceles de La Picota, La Modelo y El Buen Pastor, esta última de mujeres y que presenta los mayores niveles de sobrepoblación. Han establecido que algunos delitos podrían ser objeto de justicia restaurativa no intramural, aunque algunas autoridades como la alcaldesa Claudia López presionan por llevar a los detenidos en flagrancia a la cárcel.

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