Personería inició otra investigación por la muerte de Juan Pablo González, señalado de abusar a una menor en Transmilenio

Luego de que se conociera que Juan Pablo González, señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en Transmilenio, falleció bajo custodia judicial el domingo pasado, la Personería de Bogotá anunció que llevará su propia indagación sobre este hecho que también analizan en la Fiscalía General de la Nación.

“Como guardiana de los derechos de todos los ciudadanos, inició investigación por los hechos ocurridos en las últimas horas en la URI de Puente Aranda (...) El Ministerio Público investiga las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se produjo la muerte de González Gómez y la presunta responsabilidad de quienes tenían a su cargo su custodia, luego de ser capturado por las autoridades (sic)”, anunciaron mediante un comunicado.

Recordaron que desde esa entidad han puesto en conocimiento que en las URI y estaciones de Policía de la capital colombiana hay serias deficiencias para vigilar a las personas privadas de la libertad, donde está desbordada la capacidad para recluir a estas personas que están inmersos en procesos penales.

“Este órgano de control ha revelado y dado a conocer las deficiencias en la custodia de los detenidos (...) La URI de Puente Aranda cuenta con 8 celdas en 2 pisos, el cupo para 350 personas y de acuerdo con el registro, en las últimas horas se encontraban 601 personas privadas de la libertad, incluido González Gómez, lo que representa hacinamiento del 95 % (sic)”, indicaron en la misiva.

Precisamente sobre el sobrecupo en estos establecimientos, reiteraron que todos los que hay en la ciudad padecen este problema, teniendo en cuenta los datos del propio Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

“Al 4 de noviembre de 2022, se evidencia un hacinamiento general de las 23 estaciones de policía y la URI de Puente Aranda de un 256.83 %, siendo la capacidad global para 1.237 personas y encontrándose recluidas ese día 3.177 sin que se evidencie disminución palpable en la población en situación de detención preventiva en particular, la cual asciende a 2.721”, agregaron.

El anuncio lo llevaron a cabo luego de que se diera el deceso del señalado criminal, quien se encontraba bajo custodia judicial. Aunque inicialmente las mismas autoridades señalaron que se trató de un suicidio, un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indica que el cadáver del hombre evidenciaba politraumatismos, lo que contradice la primera versión.

El hecho que sigue en investigación e incluso fue criticado por la apoderada de la menor víctima, Jennifer Hernández, quien publicó una misiva reprochando lo ocurrido.

“El linchamiento público o la muerte no pueden sustituir nunca la justicia, resultado de un proceso garantista y que las personas imputadas puedan ser vencidas en juicio, con pruebas y garantías jurídicas (sic)”, crítico.

Señaló también que el hecho de que el capturado hubiera pedido la vida impidió que se hiciera un análisis de las circunstancias en que ocurrió el abuso de su defendida, para prevenir casos similares.

“Los terribles y reprochables actos que sufrió mi defendida, investigados y sancionados en sistema judicial idóneo y garante de los derechos, Hubiese posibilitado más, y mejores políticas públicas para la atención temprana de los casos de abuso sexual, mediante investigación psicológica y psiquiátrica de los perpetradores, y la seguridad efectiva para las potenciales víctimas (sic)”, reprobó.

Agregó que las circunstancias que han rodeado este caso demuestran que el Estado colombiano no protege a los ciudadanos ante hechos de violencia de género, en especial dentro de los sistemas de transporte público.

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