La Doctrina de la Seguridad Nacional y la noción del enemigo interno, parte 2: una reforma agraria fallida y democracias represivas

En 1965, el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) expidió un decreto que permitía armar a los civiles para la defensa nacional y la preservación del orden público. Luego, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se convirtipo en ley. Ante esto, la Comisión de la Verdad afirma que la noción del ‘enemigo interno’ se extendió a opositores sociales y políticos, sindicalistas, profesores, líderes, activistas políticos y hasta estudiantes que fueron tratados como subversivos por parte del Ejército.

Agrega además que esta ideologización resultante de la doctrina y entrenamiento impartidos por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, incentivó el involucramiento de los civiles en la violencia.

Los civiles podían participar como Juntas de Autodefensa o como Defensa Civil. Los primeros grupos estuvieron conformados por propietarios de tierra y caciques políticos. De esta manera se armaron los zares de las esmeraldas, se crearon los primeros ejércitos privados de narcotraficantes y posteriormente se convirtieron en grupos criminales “en contubernio con agentes de la fuerza pública”.

Lleras intentó impulsar una reforma agraria, que él mismo había defendido en el Congreso tiempo atrás y que se centraba en la compra de tierras vendidas voluntariamente al Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria). Además, en 1967 emitió un decreto mediante el cual fueron creadas las asociaciones de usuarios campesinos y tres años después se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

La reforma iba por buen camino; sin embargo se frenó en el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Con la Ley 135 de 1961 se alteró su esencia, ya que se eliminó la expropiación del latifundio improductivo y se priorizó el desarrollo empresarial por encima del desarrollo campesino. Ante esos cambios, la ANUC insistió en las vías de hecho y se convirtió en un campo de disputa para las izquierdas que querían el comité ejecutivo. Así las cosas, en 1977 un grupo de dirigentes anunció la creación de su propio partido: la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP).

“El balance final de la reforma agraria de estos años es agridulce”, según lo expresado por la Comisión, que también asegura que en la década de los 70 hubo más de dos mil tomas de tierra. Además, se titularon muchos baldíos, lo cual amplió la frontera agrícola y la deforestación.

En 1971 los líderes indígenas del Cauca deciden crear su propia organización, al considerar que tenían intereses distintos a los del movimiento campesino. De esta manera, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En respuesta, los terratenientes del Cauca crearon en 1975 el Consejo Regional de Agricultura del Cauca.

Gustavo Rojas Pinilla y la Alianza Nacional Popular (Anapo) se enfrentó a Misael Pastrana Borrero en las elecciones de 1970, representando la única alternativa al Frente Nacional del cual la ciudadanía estaba agotada según afirma la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

En la noche del 19 de abril las emisoras daban por ganador a Rojas por una diferencia cercana a los 113 mil votos; pero el presidente decretó toque de queda, se prohibieron los boletines de radio y a la mañana siguiente el ganador era Pastrana por más de 63 mil votos. Los anapistas denunciaron fraude y entre los opositores al gobierno creció la percepción de que el acceso a la democracia estaba restringido. La Anapo perdió fuerza hasta quedar sin relevancia en la política nacional.

Ese fue el detonante para el nacimiento del M-19, o Movimiento 19 de abril, cuya primera acción más conocida fue el robo de la espada de Bolívar, el 17 de enero de 1974. La estrategia de esta guerrilla buscaba llegarle a los sectores urbanos, así como atraer a la opinión pública. Hacia finales de los años setenta, también tuvo la idea de contar con el apoyo del movimiento indígena, sin embargo, aunque en un principio se creó para proteger a estas comunidades y sus líderes, también generó violencia en sus territorios.

Para mediados de los años setenta, Colombia era un país mayoritariamente urbano. Durante el Frente Nacional hubo mejoras sustanciales en las condiciones de la población, pero estas no eran suficientes. Además, el costo de vida era demasiado alto sobre todo para las clases bajas.

Durante esta década hubo importantes picos de manifestaciones. En las poblaciones pequeñas hubo gran número de manifestaciones que buscaban el mejoramiento de servicios públicos o la construcción de vías y carreteras. La respuesta del Estado siempre fue la represión y la declaratoria de estados de sitio. Por eso durante estos años se sentía un ambiente de radicalización.

En 1974 Alfonso López Michelsen, fundador del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) ganó las elecciones. Era gran opositor del Frente Nacional y fue el primer presidente después de ese pacto. Durante su gobierno se decretó emergencia económica en el país. También hubo un déficit de servicios públicos y vivienda, subieron los precios del transporte público y se redujeron muchos subsidios. Todo esto creo un gran inconformismo público que derivó en el paro cívico nacional el 14 de septiembre de 1977.

La respuesta de Michelsen fue la represión: hubo múltiples arrestos y se suspendieron numerables personerías jurídicas. Las confrontaciones entre la Fuerza Pública y los manifestantes llegaron a tal punto de violencia, que convencieron a algunos sectores, incluido el Gobierno, de que detrás de las manifestaciones estaban las guerrillas, sobre todo el M-19, que tenía una presencia significativa en las ciudades.

Luego del paro, el movimiento sindical resultó fortalecido. Pero, creó la ficción tanto entre las guerrillas como entre militares de que una insurrección popular y, por tanto, una revolución estaban cerca.

Por eso, los 33 altos mandos del Ejército, encabezados por el general, Luis Carlos Camacho Leyva, comandante general de las Fuerzas Militares, y el ministro de Defensa, le llevaron al presidente López un borrador de un nuevo Estatuto de Seguridad, pero este se negó a implementarlo.

Sin embargo, Julio César Turbay Ayala (1978-1982) sí lo adoptó, apenas un mes después de su posesión como presidente. Esto significó para la Comisión de la Verdad la instauración de un régimen represivo con similitudes a las dictaduras del cono sur de Sudamérica que regían por esos años.

En este punto, la guerra insurgente, que hasta entonces había sido conflicto regional y de baja intensidad, se convirtió en un conflicto de escala nacional. En enero de 1978, las Farc organizaron su Sexta Conferencia y adoptaron un plan para llegar al poder.

La respuesta del presidente Turbay fue implementar el Estatuto de Seguridad, vigente hasta 1982. La Comisión sostiene que, en la práctica, este estatuto convirtió en potenciales enemigos a disidentes políticos, intelectuales críticos, líderes sociales, sindicales, campesinos e integrantes de movimientos urbanos. Asegura también que las violaciones a los derechos humanos fueron múltiples.

El Informe Final sostiene que durante esos años la puerza pública habría sido responsable de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, seguimientos ilegales y asesinatos extrajudiciales, además de violencia sexual en contra de las mujeres. Todo basándose en información recolectada por entidades defensoras de derechos humanos, así como de testimonios de sobrevivientes y de funcionarios judiciales.

Debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la Cámara de Representantes designó una comisión investigadora, que pudo corroborar en efecto el Ejército era responsable de numerosas torturas. No obstante, el Gobierno planteó que las Fuerzas Armadas se comportaban con vocación democrática, por lo que desestimó el informe y sus recomendaciones.

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó a Colombia en 1980, y recomendó que se debía levantar el estado de sitio y derogar el Estatuto de Seguridad.

Un ejemplo que ilustra el Informe entregado por la Comisión del terror que se vivían algunos ciudadanos durante esos años es el del escritor y Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, quien en 1981 se enteró de que la Policía y el Ejército buscaban nexos suyos con el M-19, por lo cual tuvo que abandonar el país.

La Comisión de la Verdad afirma en su informe que durante esos años, el narcotráfico emergía como un nuevo poder desde la ilegalidad. Ya desde mediados del siglo XX había cadenas de producción y venta de cocaína desde algunos países de América Latina hacia Estados Unidos y Europa.

Pero, una serie de factores políticos, sociales, culturales y medioambientales confluyeron para que en Colombia se consolide el narcotráfico y se convierta en el país que domine tal negocio en adelante.

Según la Comisión de la Verdad, para 1965 el 100 % de la cocaína que se consumía en Estados Unidos era proveída por colombianos y un año después esta droga representaba la mitad de todas las exportaciones del país.

Sin embargo, vale mencionar que primero estuvo en auge la marihuana en la Sierra Nevada, de donde era exportada usando las rutas de contrabando de la Guajira y Magdalena. El gobierno de Turbay (1978-1982) inició fumigaciones con paraquat en gran parte del Caribe. Pero, los cultivos no se acabaron, sino que se trasladaron con semillas mejoradas hacia Guaviare, Meta, Cauca o Vichada, lugares a los que habían llegado miles de campesinos sin tierra luego de la fracasada reforma agraria.

Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, declaró el 17 de junio de 1971 al consumo de droga como el enemigo público número uno del país. En adelante, la guerra contra las drogas se unió a la guerra contrainsurgente y se abrió un nuevo frente para la injerencia del país norteamericano en materia de seguridad en Colombia.

Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad afirman que en principio las guerrillas, y en particular las Farc, cobraban impuestos a la siembra y obligaban a los campesinos a sembrar alimentos paralelamente.

Años más tarde, las Farc comenzaron a comprar la pasta de coca a los campesinos para venderla a los narcotraficantes directamente. Por eso, estrecharon vínculos con los mismos, pero a la vez tuvieron conflictos.

Los narcotraficantes pronto empezaron a buscar protección política y judicial, por lo que empezaron a comprar campañas políticas, operadores de justicia y a militares. Desde Estados Unidos existía la certeza de que el dinero del narcotráfico financiaba campañas políticas en Colombia durante los años setenta. Para los ochenta, según la Comisión de la Verdad, los “dineros calientes” ya harían parte incluso de las campañas presidenciales.

La Comisión sostiene también que los intereses de algunos políticos coincidían con los de los ‘narcos’, por lo que dicho negocio ilícito empezó a ser tolerado. La compra de votos se volvió una práctica recurrente y los dineros del narcotráfico resultaban convenientes para tal fin.

El Cartel de Medellín controlaba toda la cadena de producción, desde los cultivos hasta la comercialización en Estados Unidos, y mantenía un vínculo con el de Cali, que se encargaba del lavado de activos. A principios de los ochenta, los narcotraficantes buscaron la manera de legalizar su actividad e ingresar al Establecimiento.

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