JEP confirmó que los disidentes de las Farc no tienen acceso a ese tribunal

La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) destacó que, por el momento, y mientras no exista una normativa establecida y aprobada por el Congreso de la República, y avalada por el Gobierno nacional, los disidentes de las Farc que no se acogieron a los acuerdos de paz firmados en 2016 no tienen las puertas abiertas en ese tribunal. Así lo confirmó el presidente de esa entidad, Roberto Carlos Vidal López.

“Ese es nuestro órgano de cierre y bajo las normas que gobiernan la competencia de la jurisdicción esa es una decisión final y se mantendrán fuera de la jurisdicción (...) Ahora bien, las normas y las reformas que ha introducido el Congreso de la República y las posibilidades de que se realicen diálogos con estos actores en este momento son decisiones que están en el lugar del legislativo y del Gobierno”, indicó el funcionario en vocería del organismo.

“Tendríamos que ver si en el futuro en esas transformaciones legislativas se abren posibilidad procesales, pero con las que tenemos hoy no hay una modificación de la decisión tomada por nuestra sección de apelaciones”, añadió.

Es de destacar que desde que inició su campaña para llegar a la presidencia, Gustavo Petro, actual jefe de Estado colombiano, ha planteado la que sería una ‘paz total’ en Colombia. Recientemente, en una entrevista otorgada al diario El Tiempo, la nueva directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juanita Goebertus, anunció que se opone a que Colombia negocie con quienes incumplieron los acuerdos de paz firmados en el año 2016 con el Gobierno Nacional, en ese entonces, presidido por Juan Manuel Santos.

Tal y como detalló, es necesario entender que en el país existen diferentes grupos armados al margen de la ley, teniendo en cuenta ello, destaca, son las personas que ahora integran la ‘Segunda Marquetalia’ las que no deberían hacer parte de los nuevos beneficios. Aquel grupo armado está compuesto por personas que, previamente, estaban dentro de las extintas FARC, guerrilla con la que el gobierno de Santos logró conversar para llegar a un trato de cese al fuego. Los disidentes de esta agrupación delincuencial argumentaron que volvían a las armas por falta de cumplimiento de lo firmado con el entonces mandatario colombiano.

“Nuestra posición es que estas personas no pueden ser parte de nuevos beneficios porque justamente incumplieron las reglas claras de renunciar al uso de la violencia, desarmarse y contribuir a la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de un tratamiento penal especial. Cosa distinta son facciones de las Farc que nunca se sometieron a las negociaciones y que bajo el estándar del derecho internacional humanitario podrían ser parte del conflicto armado y podría existir una conversación con un efecto de justicia transicional”, aclaró la funcionaria en su charla con ese medio de comunicación nacional.

Es de destacar que, el jueves de esta semana que termina, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley de Orden Público luego de que se conciliara el texto definitivo en el Congreso. “Habrá personas que negociarán con el gobierno las opciones de acabar con una guerra de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos. Para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia. La democracia real y pacífica que necesitamos”, comentó el mandatario antes de hacer la primera sanción de su gobierno.

}La firma del documento en el que quedó expuesto este plan fue firmado en la Casa Presidencial de Hato Grande. Petro explicó que las negociaciones se dividirán en negociaciones con la justicia y jurídicas y otras directamente con el Gobierno. Esta es la primera ley que Gustavo Petro sanciona en su cargo como jefe de Estado. Lo que hizo fue sancionar la prórroga y modificación de la Ley 418, conocida como Ley de orden público. Esto abre las posibilidades para que el Gobierno empiece a “construir negociaciones con quienes están al margen de la ley, para conquistar el sueño de la ‘Paz total’ en Colombia”.

El documento, además de tener la firma de Gustavo Petro, tiene el aval de los ministros del Interior, Alfonso Prada; Defensa, Iván Velásquez y Justicia, Néstor Osuna. “Es una gran noticia para el país y para todos los colombianos que anhelamos que nuestros hijos y nietos crezcan en un país libre de guerra en donde prevalezca el diálogo por encima de cualquier forma de violencia”, se dijo desde el Ministerio del Interior.

Es de tener en cuenta que, paralelo a este proceso, las Autodefensas Gaitanistas anunciaron estar listas para negociar. “Seguimos comprometidos con la paz total que ha anunciado este gobierno, esperando que se concreten los temas legales y políticos que es se deben solucionar antes de un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de cualquier grupo armado ilegal”, dice un documento firmado por ese grupo delincuencial divulgado por la revista Semana.

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