Habría unos 9 mil cadáveres de desaparecidos en el canal del Dique: la Procuraduría pidió agilizar la búsqueda

No se sabe exactamente cuántos cadáveres podría haber a lo largo de los 115,5 kilómetros que componen al canal del Dique, pero la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sospecha que serían más de 9000, producto del conflicto armado en Colombia. Por ese motivo, el alto tribunal ordenó medidas cautelares respecto al megaproyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que está trazado en 3,2 billones de pesos, para proteger los restos de las personas dadas por desaparecidas y así evitar nuevas revictimizaciones.

Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación le envió un oficio al Ministerio de Transporte en el que se le da la instrucción de convocar mesas de trabajo para agilizar la búsqueda de los cuerpos, tal como se acordó con la JEP.

En el documento, el ente de control pide una “mesa interinstitucional de articulación, con la finalidad de elaborar un documento de lineamientos para protocolos de salvaguardia y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano, con el propósito de garantizar su búsqueda, identificación y se evalúen los impactos sociales y ambientales, con la participación de las comunidades interesadas”.

“La enorme cantidad de personas dadas por desaparecidas que hipotéticamente pueden estar sumergidas en las aguas del canal del dique, obliga a que el proyecto del Ministerio del Transporte y la ANI preserve y garantice una búsqueda oportuna de estos restos”, dijo el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta.

Según indicó el periódico El Tiempo, desde la ANI aseguran que el proceso de licitación puede continuar, pero que las obras tendrían que adaptarse al protocolo de búsqueda de personas dadas por desaparecidas por la JEP, que deberá completarse en cuatro meses. Esto implicaría un cambio en la etapa de precrostrucción del canal.

Por su parte, la Procuraduría hará un acompañamiento desde el ámbito de las competencias legales e institucionales y como representante de las víctimas. En la mesa también estarían presentes la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Fiscalía General, Medicina Legal, el Ministerio de Ambiente y las comunidades aledañas al proyecto, sobre todo de las 79 zonas identificadas por la UBPD donde podría haber restos.

Luego de escuchar a los familiares de las víctimas en audiencia pública, el alto tribunal ordenó medidas cautelares sobre el proyecto del canal del Dique. Se estima que entre 1991 y 2015 ocurrieron entre 6.765 y 9.638 desapariciones forzadas en esa zona, que era ampliamente controlada por las autodefensas. Según la ubicación de las obras, existe una “significativa coincidencia” con la desaparición de los cuerpos.

Por ello, la JEP ordenó al concesionario que gane la licitación implementar un protocolo que garantice los derechos de las víctimas, contratando un equipo forense y vinculando profesionales en arqueología para coordinar con los supervisores de obra las áreas de intervención.

“Las medidas cautelares imponen una realidad que el país debe asumir sin excusas: los megaproyectos, en zonas de alta incidencia de desaparición forzada, tienen una obligación moral como paso para reafirmar los valores de una sociedad: se deben incluir procesos exhaustivos de indagación y búsqueda de posibles víctimas”, advirtió el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, el magistrado Gustavo Salazar.

Así mismo la JEP ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) informar a la UBPD de cualquier intervención que se realice en el Canal del Dique mientras se mantenga vigente dicha medida cautelar, con el fin de que se pueda “salvaguardar el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos”.

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