Además de los reiterados retrasos para el inicio de operaciones de Hidroituango, ahora el gobierno nacional habría solicitado que se deben entregar un informe donde se garantice el correcto funcionamiento de la planta, motivo por el cual se aplazó en la más reciente oportunidad pues se comenzaría un proceso de pruebas para garantizar la seguridad de las maquinas, pero principalmente de las comunidades aledañas. En la solicitud se pide un acceso para que el Estado dé el visto bueno, con lo que se espera que finalmente se pueda arrancar con las labores en la planta.
La solicitud fue confirmada por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en el marco de la Cumbre Mundial del Clima COP27, la cual se realiza en Egipto. La funcionaria detalló que se le presentó oficialmente una carta a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, operador de la planta, solicitando un examen y análisis de riesgo en las comunidades aguas abajo, además de permitir el ingreso a las instalaciones para una inspección, que se considera independiente.
En palabras de la funcionaria, la entidad encargada de realizar las inspecciones sería el Servicio Geológico Colombiano:
“Hemos solicitado en cada uno de los PMU a EPM que nos comparta cuál es la evaluación de riesgo que tienen hasta el momento, cuál es el monitoreo que han hecho del macizo rocoso y las vibraciones que se están generando sobre el rebosadero. Con base en eso, quisiéramos entender mucho mejor (...) Que le permita al Servicio Geológico Colombiano, a una de las unidades al sector minero energético que pueda a entrar hacer unas inspecciones en las cavernas, casa de máquinas de las turbinas de Hidroituango”.
A pesar de todas las dilaciones, sigue habiendo cierta preocupación y temor, no solo por parte de los operadores y comunidades, las autoridades ya anunciaron que durante las pruebas se evacuarán a unas 5 mil personas del corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia, y no se descarta que estas medidas se extiendan hacia otras poblaciones.
La decisión se tomó tras la instalación del más reciente Puesto de Mando Unificado, que trató todos los posibles escenarios de riesgo que existirían tras la entrada en funcionamiento de la central hidroeléctrica, que según detallaron las autoridades, las comunidades ribereñas del Río Cauca serían las más afectadas.
Según el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, Javier Pava, es una acción preventiva, derivada a una situación que no es inminente, pero, busca garantizar todos los escenarios posibles:
“La recomendación es la evacuación de Puerto Valdivia y la definición de una serie de indicadores que permita ver cómo van evolucionando las condiciones de riesgo para saber si se amplía a los municipios de Tarazá y Cáceres (...) evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o porque haya un desastre, sino porque necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad. Hasta que no se realice esa evacuación no se deben iniciar esas actividades que pueden generar un nivel de riesgo”.
La jefe de la cartera de energía también se refirió sobre la eventual sanción que señaló el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que impondría la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, por el nuevo retraso en la entrada de operación. Según Vélez Torres, hasta el momento no se ha notificado ninguna sanción, por el contrario, comprenden la situación que atraviesa la planta:
“No hemos recibido de la CREG ninguna notificación que nos hable de un retraso en la entrada en funcionamiento. En los PMU, ellos han dicho que es posible que debido que a los exámenes tuvieran que entrar a Hidroituango, estamos esperando el informe de los interventores y allí habría una comunicación”.
Por parte de EPM, se ha reafirmado la idea que la obra se encuentra con todas las garantías, por lo que con las inspecciones no se espera que se generen más retrasos en la entrada de operación.
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