Abogada de Hillary Castro, la menor abusada en Transmilenio, rechazó que el señalado victimario muriera bajo custodia judicial

Jennifer Hernández, abogada de Hillary Castro -la menor que fue víctima de abuso sexual en las inmediaciones de la estación de Transmilenio del barrio La Castellana-, rechazó que el señalado victimario de la adolescente falleciera en estando bajo protección de la Fiscalía General de la Nación.

“En una sociedad distinta, el imputado no solo debió ser llevado a juicio, sino ser hallado culpable y condenado ejemplarmente (sic)”, expresó a través de una misiva que publicó en su cuenta de Twitter.

La reacción de la jurista se conoció este lunes, luego de que se reportara que Juan Pablo González, sindicado de perpetrar el abuso sexual en contra de la menor, falleciera en circunstancias que investigan las autoridades.

Aunque inicialmente se indicó que el hombre se había suicidado, posteriormente el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía reveló un informe que el cadáver del presunto victimario evidenciaba politraumatismos, lo que iría en contravía de la primera versión.

Por esta razón la apoderada de la adolescente criticó que hubiera ocurrido este deceso, pese a que el procesado fue capturado y debía estar protegido por las autoridades judiciales.

“El linchamiento público o la muerte no pueden sustituir nunca la justicia, resultado de un proceso garantista y que las personas imputadas puedan ser vencidas en juicio, con pruebas y garantías jurídicas (sic)”, crítico.

Señaló también que el hecho de que el capturado hubiera pedido la vida impidió que se hiciera un análisis de las circunstancias en que ocurrió el abuso de su defendida, para prevenir casos similares.

“Los terribles y reprochables actos que sufrió mi defendida, investigados y sancionados en sistema judicial idóneo y garante de los derechos, Hubiese posibilitado más, y mejores políticas públicas para la atención temprana de los casos de abuso sexual, mediante investigación psicológica y psiquiátrica de los perpetradores, y la seguridad efectiva para las potenciales víctimas (sic)”, reprobó.

Agregó que las circunstancias que han rodeado este caso demuestran que el Estado colombiano no protege a los ciudadanos ante hechos de violencia de género, en especial dentro de los sistemas de transporte público.

“Dejan en evidencia serias deficiencias en la garantía de los fines del estado, y en su deber de proteger a las personas y sus derechos, así como la omisión de salvaguardar el derechos fundamentales de las mujeres a una vida libre de violencia, y a prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia, con especial énfasis en un sistema masivo de transporte público que se ha negado a implementar e integrar medidas realmente contundentes con perspectiva de género”, añadió.

Indicó que este caso pone nuevamente sobre la mesa la crítica inoperancia del sistema judicial en Colombia que afecta especialmente a las víctimas.

“Demuestran, una vez más, las barreras que persisten para el acceso a la justicia de las mujeres abusadas sexualmente que sumado a la deficiencia de un sistema penitenciario y carcelario obsoleto que no garantiza la seguridad, dignidad y humanización de las personas privadas de la libertad, y que llevaron a que el día de ayer una persona restringida en su libertad, perdiera su vida, hecho tal implica a su vez, hecho tal implica a su vez, que se vean conculcados los derechos de las víctimas a la justicia a la verdad y sobre todo a la garantía de no repetición”, concluyó.

La abogada agradeció el apoyo de la ciudadanía, ya que el abuso de la menor cobró notoriedad gracias a que hizo público su caso en las redes sociales, porque aunque ella acudió a las autoridades competentes para denunciar, no recibió la debida atención.

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