Abogada de Hilary Castro lamentó asesinato del agresor en custodia del Estado

Este martes 8 de noviembre, dos días después de que se supiera de la muerte bajo custodia de Juan Pablo González, sindicado por el abuso sexual cometido contra la adolescente Hilary Castro en una estación de TransMilenio, la abogada de la menor se pronunció sobre el asesinato en la URI de Puente Aranda.

Castro, una joven bogotana de 17 años de edad, utilizó sus redes sociales para denunciar lo que le ocurrió el pasado lunes 31 de octubre en la estación Castellana, en el norte de la ciudad. La víctima fue intimidada con un cuchillo, despojada de sus pertenencias y obligada a practicarle actos sexuales. Luego de que esta denuncia se viralizara, la Policía capturó a Juan Pablo González el pasado sábado 5 de noviembre.

De acuerdo con un vocero de la institución, González ya había sido arrestado el 21 de octubre por realizar actos obscenos en la localidad de Usaquén, pero posteriormente fue dejado en libertad. En esta oportunidad le impusieron medida de aseguramiento, mientras seguía su proceso judicial por los delitos de acceso carnal violento, en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado a título de dolo en calidad de autor.

La dicha de la justicia ordinaria duró poco: el 6 de noviembre a las 4:40 de la tarde, Juan Pablo González fue encontrado muerto en su celda. Aunque inicialmente se hablaba de un supuesto suicidio, más tarde salió a la luz pública que el sujeto tenía varias contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que en realidad se trataría de un homicidio al interior del establecimiento.

En horas de la tarde de este martes 8, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia del acusado. La entidad confirmó que el cuerpo de González presentó varios golpes y su cabello había sido arrancado. En conclusión, esta persona fue asesinada en poder de las autoridades, dentro de la unidad de reacción inmediata (URI) de Puente Aranda.

A raíz de este nuevo giro en el caso, Jennifer Hernández, apoderada de Castro, manifestó a través de un comunicado público que la barbarie no tiene justificación alguna. Por lo tanto, rechazó la muerte de González y exigió a las autoridades una investigación inmediata al respecto.

“Los terribles y reprochables actos que sufrió mi defendida, investigados y sancionados en sistema judicial idóneo y garante de los derechos, hubiese posibilitado más y mejores políticas públicas para la atención temprana de los casos de abuso sexual, mediante investigación psicológica y psiquiátrica de los perpetradores, y la seguridad efectiva para las potenciales víctimas”, mencionó la profesional del derecho.

Asimismo, Hernández afirmó que todos lo ocurrido en el caso es una gran muestra de las deficiencias del Estado para garantizar los derechos de las personas. Aparte de los derechos del procesado, hay fallas en el compromiso de “salvaguardar el derechos fundamentales de las mujeres a una vida libre de violencia, y a prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo violencia”.

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