Región Metropolitana: el nuevo debate en la vieja lucha de Gustavo Petro

Uno de los primeros debates de Gustavo Petro en el Congreso de la República, como representante a la Cámara en la década de 1990, fue sobre el negocio detrás de la expansión urbana de Bogotá -entonces más allá de la calle 180- y la corrupción que rodeaba el proceso. Uno de sus asesores fue José Cuesta Novoa, quien ahora como concejal de la Colombia Humana en el cabildo capitalino, es el ponente contra el proyecto de acuerdo de la Región Metropolitana por considerar que conlleva la misma historia y pone en riesgo las fuentes hídricas y la producción agrícola que alimentan la capital.

Cuesta Novoa reemplazó a Susana Muhammad cuando abandonó la corporación para ocupar el cargo de ministra de Ambiente, desde donde le solicitó a la alcaldesa retirar el proyecto para ajustar la constitución de la ciudad-región a la política ambiental. Sin embargo, esta semana se debatirá el acuerdo en plenaria, con las mayorías a favor y podría llevarse a votación.

Los argumentos en contra de la Región Metropolitana

El concejal lidera a la oposición del proyecto desde la Comisión de Gobierno. Su ponencia se fundamenta en el riesgo que representa la interconectividad con la Sabana para las fuentes hídricas, por la expansión urbana, que podría llevar al llamado ‘volteo de tierras’; a la que se suma otro argumento: la sanción presidencial, el 5 de noviembre, del Tratado de Escazú.

“Aparecieron las llaves para detener el proceso de formalización y consumación de la figura de la Región Metropolitana. El acuerdo de Escazú entró a ser parte del bloque de constitucionalidad, entonces es suficientemente claro que este acuerdo, en el caso de Bogotá, viola los artículos tres y siete de Escazú; por lo tanto no tiene ninguna, pero ninguna, posibilidad de de sustento legal”, asegura el concejal Cuesta.

Una de las críticas del Gobierno nacional y los concejales es la participación ciudadana para la Región Metropolitana, que consideran que no se ha cumplido. El acuerdo de Escazú establece que los procesos de intervención y ordenamiento territorial y desarrollo económico deben adelantar una participación ciudadana incidente que, en concepto de Cuesta, solo puede ser la consulta popular.

La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca fue aprobada desde el 2020 cuando el Acto Legislativo 02 modificó la Constitución. En ese año, como senador ponente, Gustavo Petro intentó archivarla bajo el argumento de que debía someterse a consulta popular, pero una coalición del partido Verde, Cambio Radical y el Centro Democrático terminaron por aprobarla. En el 2021 se expidió la Ley 2199 que estableció el funcionamiento.

Lo único que resta es que los concejos locales, como el de Bogotá, aprueben su ingreso a esa región, como se debatirá esta semana en el cabildo de la ciudad cuando una bancada de concejales del partido Verde, el Polo Democrático y la Colombia Humana se opondrán.

Un gobierno corporativo

Fuera de la exigencia la participación ciudadana, uno de los cuestionamientos en la forma de gobierno de la Región, que en la ley se definió como un Consejo Regional conformado por los alcaldes de los municipios asociados, el o la alcaldesa de Bogotá y el gobernador del departamento. Sin embargo, las decisiones deberán contar con el voto favorable de estos dos últimos, por lo que los opositores consideran que no es un mecanismo democrático para todos los territorios que conforman esa entidad.

Otra de las críticas es que no hay participación en el Consejo Regional, como máximo órgano de gobierno, de las comunidades indígenas que habitan en el departamento como el caso de dos de estos grupos en Soacha que ya instauraron demandas contra la ley orgánica. Tampoco se contempla la participación de ambientalistas en la toma de decisiones.

Los suelos agrícolas

La Región Metropolitana establece que será el Consejo Regional el encargado de la política de vivienda, priorizando la VIP y VIS, en las que se plantea la construcción de al menos de un millón de viviendas. Para estos proyectos se utilizarían suelos que actualmente son de uso prioritario agrícola. Además, la región deberá promover la movilidad metropolitana y la oferta de servicios públicos.

“Son básicamente dos condiciones que propician los procesos de expansión urbana masivos: las conectividades viales, cada vez que se abre una vía para interconectar un territorio virgen con una metrópolis, inmediatamente se crea la condición que propicia el proceso de la urbanización masiva. El otro proceso que habilita la expansión urbana sobre territorios vírgenes es exactamente la construcción de las infraestructuras que permitan adelantar la prestación del conjunto de servicios públicos, agua fundamentalmente y energía eléctrica”, señaló Cuesta.

Esta situación, por un lado, podría terminar por sepultar los suelos agrícolas que actualmente generan alimentos y sustento para campesinos en la sabana de la ciudad. Por otro, crea el riesgo del volteo de tierras de grandes empresarios que adquieren suelos rurales que al entrar en áreas de interés para proyectos urbanísticos multiplican su valor.

La función quedará a cargo del Consejo Regional, que aunque deberá formular las políticas para la protección de los suelos de valor agropecuario y forestal, también tendrá a su cargo regular los instrumentos para la gestión de suelo dirigida la vivienda social y prioritaria.

“Bogotá puede tener todo el músculo financiero, Cundinamarca ni siquiera tiene territorio, pero no por eso tenemos que imponer las rutas del desarrollo sostenible en el territorio, porque nosotros dependemos para efectos de la seguridad y de la soberanía alimentaria de esos suelos agrológicos, porque allá tenemos efectivamente las zonas de recarga acuífera fundamentales para la región”, agregó Cuesta.

Los nuevos impuestos

De acuerdo con Cuesta, la tributación de los capitalinos y ciudadanos cundinamarqueses podría incrementarse hasta en un 5 % en la Región Metropolitana, debido a que se contempla una contribución regional a la valorización, que no pasaría por el Concejo de la ciudad, así como se podrán definir sobretasas a los impuestos definidos por los municipios miembros.

De no entrar Bogotá a la Región Metropolitana el proyecto no tendría viabilidad y quedaría en el papel, aunque las mayoría parecen estar a favor en el Concejo. Sin embargo, desde el partido del Gobierno nacional consideran que se debe reformar todo el andamiaje jurídico desde el Acto Legislativo para subsanar lo que consideran riesgoso en la construcción de la ciudad región, cambios que involucran al Congreso de la República.

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