El cambio climático podría empeorar significativamente las perspectivas económicas a largo plazo y exacerbar las desigualdades en América Latina y el Caribe. Por eso, es urgente avanzar hacia una agenda verde ambiciosa e integral para abordar sus consecuencias y mejorar el bienestar de todos. Una transición verde efectiva en la región podría generar potencialmente un 10,5 % más de nuevos empleos hacia 2030.
Eso concluye el informe “Perspectivas económicas de América Latina (LEO) 2022: Hacia una transición verde y justa”, presentado hoy por Ocde, Cepal, CAF y la Comisión Europea en el desarrollo de la COP27 en Sharm El-Sheik (Egipto), donde se presentó este lunes el presidente Gustavo Petro.
Según la edición quince del informe, la desaceleración económica de este año, un contexto internacional inestable golpeado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el aumento de las presiones inflacionarias y la reducción del espacio de política macroeconómica dificultan la capacidad de las economías de América Latina y el Caribe para retomar el camino hacia un crecimiento sostenible y la protección de los más vulnerables. Por ejemplo, se estima que en 2022 los hogares vulnerables en la región enfrentaron un aumento de precios promedio de 3,6 puntos porcentuales más que el hogar representativo a nivel nacional.
“Los impactos ambientales agravan estas dificultades. Trece de los 50 países más afectados por el cambio climático se encuentran en América Latina y el Caribe. LEO 2022 sostiene que promover una transición verde a través de políticas activas de mitigación y adaptación implementadas de manera sistémica puede hacer que las sociedades de la región sean más resilientes ante el cambio climático y promover un mejor desarrollo”, indica el informe.
Este desglosa los beneficios ambientales, sociales y económicos que puede generar una transición verde. Por ejemplo, invertir en tecnologías renovables no solo puede reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también puede proporcionar una generación de energía a menor costo y reducir la dependencia de productos de combustibles fósiles importados.
“La región está bien posicionada para embarcarse en una transición verde efectiva y acelerar el progreso hacia sus objetivos de desarrollo económico, social y ambiental. La participación de América Latina y el Caribe en las emisiones globales de GEI es proporcional a la participación en la población mundial total (8,4 %), ligeramente superior a la participación en el producto interno bruto (PIB) total (6,4%), pero inferior a las emisiones per cápita de otras regiones con niveles de desarrollo similares. Su matriz energética también es más verde: las energías renovables representan el 33 % del suministro total de energía en comparación con el 13 % a nivel mundial”, precisa el informe.
En este contexto, LEO 2022 proporciona una descripción detallada de las acciones políticas sólidas e integrales necesarias para promover una transición verde y justa en América Latina y el Caribe. Se destacan cinco áreas prioritarias.
La primera es transformar aún más la matriz energética de la región al alejarla de los combustibles fósiles y al avanzar hacia la descarbonización y la electrificación en todos los sectores, especialmente las industrias pesadas y el transporte, mientras se toman medidas para aumentar la eficiencia energética.
“En los sectores más difíciles de descarbonizar, como los productos químicos, el acero, el transporte de mercancías por carretera, la aviación y el transporte marítimo, las inversiones en combustibles alternativos bajos en carbono, incluido el hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, serán clave”, se enfatiza.
Otra es diseñar políticas fiscales sostenibles y compatibles con la transición verde y justa, eliminando gradualmente los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y aprovechando el potencial de los impuestos relacionados con el medio ambiente. Ampliar el desarrollo de instrumentos financieros innovadores, como los canjes de deuda por naturaleza, y movilizar a las instituciones financieras de desarrollo y al sector privado.
“Es crucial adoptar herramientas regulatorias que incluyan estándares y taxonomías para bonos verdes o vinculados a la sostenibilidad”, agrega.
Además, promover políticas de desarrollo industrial y productivo para transformar las estructuras económicas de América Latina y el Caribe y crear más y mejores empleos, mediante la adopción de principios de economía circular y de la economía azul.
“Esto requerirá invertir en nuevas tecnologías y habilidades, y capacitar a los trabajadores para aprovechar las oportunidades que abre la transición. También se requerirá ampliar las políticas activas del mercado laboral y diseñar sistemas de protección social mejor focalizados para apoyar a los trabajadores afectados negativamente durante la transición verde”, añade.
Por otra parte, fortalecer los mecanismos institucionales para fomentar el consenso sobre las opciones de política necesarias para avanzar la transición verde. La agenda verde puede ser la piedra angular de un nuevo contrato social sostenible: el 68 % de los ciudadanos de la región ven el cambio climático como una amenaza muy grave para su país en los próximos 20 años, un nivel superior al de otras regiones.
“Los objetivos de las contribuciones nacionalmente determinadas deben traducirse en acciones concretas, visibles, implementadas y financiadas en el contexto de estrategias de largo plazo, como los planes nacionales de desarrollo”, puntualiza.
Por último, desarrollar y ampliar las asociaciones internacionales. En este punto, resalta que con la mitad de la biodiversidad del mundo, los países de América Latina y el Caribe son actores clave en las negociaciones climáticas internacionales.
“Para aprovechar al máximo las nuevas normas y regulaciones verdes internacionales, y gestionar el impacto de las políticas adoptadas en países socios de la región, por ejemplo en el comercio, los países de América Latina y el Caribe deben mejorar la cooperación con actores clave, incluido el sector privado y las instituciones multilaterales”, finaliza.
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