Les quitaron propiedades a “Los Topos”: vendían lotes de reserva natural para proyectos urbanísticos en el Meta

El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio; la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejercito Nacional permitió impactar el patrimonio ilegal de la organización delincuencial Los Tierreros o Los Topos, que estaría involucrada en la agresiva deforestación del denominado cordón verde de Villavicencio y la venta ilegal de lotes en esta zona protegida.

En ese sentido, fueron ocupados 25 inmuebles rurales, 11 urbanos y 3 vehículos, cuyo valor supera los 2.500 millones de pesos. Las diligencias se cumplieron de manera simultánea en Bogotá, Hobo (Huila), Cómbita (Boyacá), Manizales (Caldas) y Cali (Valle del Cauca); y Villavicencio, Restrepo y Barranca de Upía (Meta).

Los Tierreros o Los Topos habrían generado modificaciones al terreno y contaminado las fuentes hídricas, entre otros graves daños al ecosistema de la región.

Según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), el área afectada asciende a 7,1 hectáreas, en la que fueron talados 1.164 árboles.

Los terrenos deforestados, al parecer, fueron invadidos, loteados y vendidos fraccionadamente con promesas de redes de servicios públicos.

Esta actividad ilícita comercial, presuntamente, era impulsada por una supuesta asociación sin ánimo de lucro que publicitaba y ofrecía los predios para intentar dar apariencia de legalidad al proyecto. En varias inspecciones se constató el uso de maquinaria amarilla y la presencia de topógrafos, arquitectos y otros trabajadores.

Adicionalmente, en el curso de la investigación fue identificado un abogado que sería el encargado de las maniobras fraudulentas en notarías de Villavicencio para concretar la venta de los lotes; y quedó en evidencia un componente armado señalado de intimidar a las personas que se oponían o hacían reclamos al darse cuenta de las irregularidades.

Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Las autoridades venían siguiéndole la pista a Los Topos desde hace vario tiempo, en marzo de 2021, este grupo fue señalado por las autoridades por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, amenazas, invasión de tierras y defraudación de fluidos.

En un trabajo investigativo que duró más de nueve meses, las autoridades lograron identificar este grupo delincuencial, conformado por seis hombres y dos mujeres, quienes mediante constreñimiento e intimidación con armas de fuego invadían grandes extensiones de tierra privada, para posteriormente fraccionarlas y comercializarlas ilegalmente bajo la fachada de una asociación dedicada a este tipo de actividades.

Cuatro de los integrantes de este grupo delincuencial, entre ellos dos mujeres conocidas como “La Tierrera” y “La Mona”, así como dos hombres conocidos como “El Calvo” y “El Jurídico”; aprovechaban su condición de líderes sociales y representantes legales de asociaciones de familias campesinas para liderar estas conductas delictivas que, ponían en riesgo el patrimonio económico de los ciudadanos en Villavicencio y otros municipios del departamento de El Meta como Acacías, Granada, Guamal, entre otros.

Del mismo modo, las autoridades lograron vincular a cuatro hombres más a este proceso investigativo, conocidos como “Marlon”, “Puñaladas”, “Chamizo” y “Candado”; los cuales eran encargados de las intimidaciones a la ciudadanía para los desplazamientos y los cobros de los predios que comercializaban ilegalmente bajo la figura del derecho de posesión.

Su modus operandi consistía en realizar desplazamientos forzados a los propietarios de diferentes tierras, haciéndose pasar por un grupo de crimen organizado y posteriormente utilizar familias de escasos recursos para invadir los predios, tratando de evadir la acción preventiva de 48 horas que tienen las autoridades para los desalojos.

Una vez lograban la usurpación de las tierras, exigían entre 10 y 15 millones de pesos por cada lote, creando asentamientos ilegales de vivienda con defraudación de fluidos como el servicio de energía, incluso, realizaban exigencias económicas a la ciudadanía en general para permitirles el tránsito por las vías principales de estos asentamientos ilegales; obligando a las personas que negaban a cumplir con las exigencias a abandonar estos lugares.

Fuente: Policía Nacional de Colombia y Fiscalía General de la Nación

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