“Hicimos moñona”: las reacciones a la ratificación del acuerdo de Escazú en Colombia

Líderes ambientalistas recordaron la promesa de Iván Duque por ratificar el tratado ambiental y quien se fue del gobierno sin cumplirla

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Sanción presidencial del Acuerdo de Escazú
Sanción presidencial del Acuerdo de Escazú

Antes de emprender su viaje a la COP27 en Egipto, el presidente Gustavo Petro sancionó la segunda ley como Jefe de Estado, que compromete principalmente la política ambiental del país: el acuerdo de Escazú. La celebración de su ratificación se ha hecho sentir en varios de sus seguidores y líderes ambientalistas.

Uno de los que celebró la decisión fue el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, quien resumió en una icónica frase las últimas semanas del trabajo legislativo y los primero 100 días del gobierno Petro con la aprobación de tres proyectos determinantes.

“¡Esta semana hicimos moñona! Estoy orgulloso de mi bancada, de la coalición y de mi Presidente y todo su Gabinete. Sacamos adelante la Tributaria Por El Cambio y tenemos a Escazú y a la Paz Total ya como leyes de la República debidamente sancionadas. ¡Petro y el Pacto cumpliendo!”, escribió el presidente de la Comisión Séptima.

El presidente del Senado, Roy Barreras, escribió al respecto en una columna para el diario El Tiempo, que la semana que terminó con la ratificación del acuerdo significó un salto adelante en las reformas que serán “base fundamental del cambio” que se ha propuesto el gobierno de Petro.

“Escazú es ley de la República después de la firma del presidente @petrogustavo. Un gran avance en garantía al acceso a la información, protección de nuestros líderes ambientales y a la participación de los territorios. Bienvenida la justicia ambiental”, señaló la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández.

Por su parte, la representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso, celebró la ratificación del Acuerdo. “¡El tratado de Escazú ya es Ley de la República! Un gran logro en este gobierno que defiende la vida y el ambiente. Con este acuerdo se garantiza la protección de las y los defensores ambientales, acceso a la información y participación en los territorios”, escribió.

Desde el partido Comunes enviaron varios mensajes de felicitación al gobierno nacional. “Hoy el presidente @petrogustavo sancionó el Acuerdo de Escazú, es ley; un logro más del gobierno potencia de la vida y de la paz. Celebramos este gran paso, avanzamos en la construcción de la paz. ¡por la defensa de la naturaleza y los defensores del medio ambiente!”, sostuvo Luis Alberto Albán.

También lo celebraron varias organizaciones y líderes y lideresas ambientalistas, como el niño activista Francisco Vera, embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea en Colombia, quien agradeció el avance en la protección de los ecosistemas, pero resaltó que era una deuda incumplida por el anterior gobierno de Iván Duque.

“Hace un año en COP26 en Glasgow Iván Duque prometió hacer ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Pero pasó su gobierno y nunca se ratificó; por eso me siento contento de que ayer por fin Escazú es una realidad en Colombia previo a la COP27 en el gobierno de Petro”, señaló Vera.

“Durante años las organizaciones ambientales hicimos tuiteratones, performances, presión política, pedagogía en calle y siempre nos embolataron el trámite de Escazú en el Congreso porque Duque y sus amigos no querían que fuese ley. Saludos”, señaló Carlos Andrés Santiago, uno de los líderes ambientalistas de Alianza Colombia Libre de Fracking.

Desde hace más de cinco años el proyecto de ratificación del acuerdo había dado vueltas en el Congreso de la República, pero no llegó a pasar del tercer debate. Su ratificación se convirtió en una meta del nuevo gobierno que logró el pasado 10 de octubre que fuera aprobado por el Congreso y hasta este sábado el presidente finalmente lo sancionó.

El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países latinoamericanos, en Costa Rica y en 2018, Colombia llega como el 14vo país en ratificarlo. Comprende tres pilares fundamentales: acceso a la información sobre proyectos ambientales, participación pública en las decisiones y acceso a la justicia en caso de incumplimiento de estos reglamentos.

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