Uno de los hallazgos más importantes de la Comisión de la Verdad fue que la estigmatización concebida como mecanismo para la construcción del enemigo interno ha sido fundamental para la persistencia del conflicto en Colombia a lo largo de los años, pues a través de esta se ha justificado la persecución contra contradictores políticos para su exterminio.
Desde todas las orillas se construyeron narrativas de guerra que elaboraron una noción del enemigo en varios sectores de la sociedad. Por ejemplo, en empresarios y elites económicas para las guerrillas, y en movimientos sociales y de izquierda para los agentes estatales.
El Informe Final indica que gran parte de estas narrativas tienen un origen durante la segunda mitad del siglo XX, cuando en el mundo se vivía un contexto de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que si bien no se atacaban directamente, trasladaban sus disputas a países en donde había guerras civiles.
En Latinoamérica, los gobiernos estaban alineados con la política de seguridad y defensa estadounidense, la cual unificaba ideológicamente al enemigo en la personificación del comunismo en todas aquellas fuerzas que parecían atentar en contra del orden establecido. Esto se avivó luego del temor que produjo la Revolución Cubana en la región.
Fue así como en febrero de 1962, durante los últimos meses de gobierno del primer presidente del Frente Nacional, el liberal Alberto Lleras Camargo, Estados Unidos envió una misión encabezada por el general William P. Yarborough, que visitó cuatro de las ocho brigadas militares del país para examinar la asistencia que se le brindaría al Ejército en el marco de su guerra contrainsurgente.
Para la Comisión de la Verdad, a esta misión y al general Yarborough “se les atribuye haber dejado sentadas las bases de la doctrina contrainsurgente, conocida en el continente como de Seguridad Nacional”, que se aplicó en el país durante las décadas siguientes “con graves consecuencias en materia de derechos humanos”. Dicha creencia estableció la noción del enemigo interno como un estigma contra los contradictores del gobierno bajo el argumento de que tras sus actuaciones estaba el poder del comunismo internacional.
“La doctrina del enemigo interno fue una doctrina obviamente dictaminada o desarrollada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Nuestro conflicto armado surgió y quedó atrapado en esos marcos mentales, también de comunistas, capitalistas, etcétera”, dijo Javier Benavides, investigador de la Comisión de la Verdad consultado por Infobae Colombia.
El investigador agregó que la influencia de Estados Unidos en el conflicto colombiano no fue “totalizante”, pues aquella doctrina no fue interpuesta sino que más bien fue adaptada por las élites políticas y militares a las condiciones colombianas.
“Para algunos se trató de una cuestión impuesta por los Estados Unidos, para otros fue la adaptación de los militares a esas condiciones globales, entonces partimos un poco de ese hecho de que fue una cuestión también de un discurso global leído a las condiciones colombianas y con las particularidades colombianas”, explicó.
Bajo el marco de esta doctrina se cometió el histórico ataque en contra de las “repúblicas independientes” en Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, para resolver por la vía de la violencia los problemas sociales alrededor de la tenencia de tierras que persistían en el país desde la primera mitad del siglo, lo cual tuvo como consecuencia el origen de la guerrilla de las Farc.
La noción del enemigo interno se extendió y se vinculó a opositores sociales y políticos, profesores, sindicalistas, estudiantes y activistas políticos, que recibieron un trato genérico como subversivos.
En 1965, el entonces presidente Guillermo León Valencia expidió un decreto con el que permitía armar a los civiles para la defensa nacional y la preservación del orden público. Dentro de los marcos ideológicos de la Guerra Fría, impregnados en la realidad social y política del país, los civiles se involucraron en la violencia.
Bajo este amparo, grandes propietarios de tierra y caciques políticos conformaron grupos de autodefensa con órdenes jerárquicos que garantizaron el control de los más poderosos. También se conformaron los primeros ejércitos privados de los grandes esmeralderos y narcotraficantes. La Comisión de la Verdad afirma que todos estos pronto empezaron a actuar de forma criminal “en contubernio con agentes de la fuerza pública”.
El enemigo de clase
Pero la estigmatización como forma de justificar la violencia no solo provenía del Estado, sino de las guerrillas, que también atrapadas en los marcos mentales de la Guerra Fría, crearon no un enemigo interno sino un “enemigo de clase”.
“En el caso de las guerrillas también ese plano del enemigo se ensanchó y eso tuvo unas consecuencias nefastas para nuestra democracia (...) fue una cuestión también de ensanchamiento de ese campo del enemigo, primero el status quo, los militares, los que representaban el poder del Estado y luego con prácticas como el secuestro, que fue contra la clase media, la gente que salía en las carreteras a pasear y que no tenía nada que ver con el establishment político”, explicó Benavides.
Para el investigador, ese “ensanchamiento” del campo del enemigo interno y de clase menospreció de un lado y otro las reformas por vía pacífica. “Eso tuvo como consecuencia en nuestra democracia que no seamos proclives a procesos pacíficos de reformas, sino que tengamos ya construidos unos campos en los que hay amigos y enemigos, es decir, que no podamos reconocer en el otro un contradictor, sino un enemigo a exterminar”.
Las recomendaciones finales
Benavides también explicó que es necesario que los reclamos sociales sean tomados más desde un enfoque de escuchar y negociar que desde un enfoque de seguridad. “Si uno ve por ejemplo hitos o momentos como el tratamiento que hubo al estallido social de 2019 y 2021, es claro que hay unas sinergias institucionales en el tratamiento a la protesta social, que sigue habiendo un sesgo para tratar ese tipo de reclamos como asuntos de lo que se ha llamado el orden público”.
No obstante, reconoce que ha habido cambios desde la Constitución de 1991. “No es lo mismo ese tratamiento militar o ese tratamiento con ese enfoque de seguridad en las protestas en este periodo de tiempo, en estos recientes años, a lo que ocurrió, por ejemplo, en momentos como el paro del 77″.
Una de las recomendaciones finales de la Comisión de la Verdad es construir reformas graduales de todo el sistema de seguridad de Colombia. Al respecto, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, durante la presentación del Informe Final ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que: “Hicimos seguridad armada para dar seguridad al poder, a los aparatos, las propiedades, las empresas, incluso una seguridad para cuidar a la misma burocracia armada, pero no hubo seguridad suficiente para cuidar a las personas, al ser humano”.
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