De la paz política a la guerra insurgente: el origen de las guerrillas y la criminalización de las ‘repúblicas independientes’

El Informe Final elaborado por la Comisión de la Verdad inicia su recuento histórico en 1958, cuando se dio inicio al Frente Nacional, periodo en el cual liberales y conservadores arreglaron para repartirse el poder de manera paritaria. Aquel pacto logró crear un Estado moderno, pero desconoció otros actores políticos, especialmente de izquierda.

Durante estos años, en el mundo se vivía un contexto de Guerra Fría en la que la Unión Soviética y Estados Unidos no se atacaban directamente, pero trasladaban sus conflictos a los países donde existían guerras civiles, luchas contra el colonialismo y regímenes dictatoriales. Al mismo tiempo, se vivía un cisma cultural en Estados Unidos por la defensa de los derechos civiles de los negros y las mujeres con la aparición de movimientos feministas.

Ese panorama internacional permitió que en Colombia se acentuara la oposición al Gobierno. También se difundieron ideas sobre una gran transformación en el país impulsada por la Revolución Cubana, ocurrida el primero de enero de 1958. De hecho, la Comisión de la Verdad afirma que la isla apoyó política y militarmente a las guerrillas colombianas hasta los años 80. Por ello, los gobiernos de la región adoptaron la política de defensa y seguridad estadounidense, basándose en la doctrina prusiana/chilena de una guerra contrainsurgente en la que “el comunismo personificaba a todas aquellas fuerzas que parecían atentar contra el orden establecido”.

En Colombia persistía el conflicto social en el campo producto de la época de La Violencia, que más que enfrentar a dos partidos políticos, fue un conflicto de clases, de poderes locales y de tierras.

En este contexto, Alberto Lleras Camargo (1958-1962), que intentó pacificar al país con políticas y reformas sociales, inició el periodo del Frente Nacional. No tenía garantizada la lealtad de los militares y para completar, en ese entonces se calculaba la existencia de unos 200 grupos armados ilegales.

Apenas una semana después de haber sido elegido, Lleras Camargo dio un discurso en el Teatro Patria para exponer las bases entre el poder civil y militar durante su gobierno. Con ello estableció un pacto en el que delegó la política de seguridad al estamento castrense y lo acompañó de “privilegios, honras, fueros que no tienen los demás ciudadanos comunes”. Para la Comisión de la Verdad, esto significó convertir a las Fuerzas Militares en el “cuarto poder”.

Esa delegación de orden público originó una ambigüedad en el manejo de conflictos sociales, basado en la exclusión de los contrarios políticos y la persecución de todo lo que pudiera ser visto como protesta social. Sumado a eso, los grupos armados que persistían en las regiones fueron catalogados como bandoleros, los cuales tuvieron un carácter político en la medida que contaban con el apoyo de pobladores, instaurando órdenes sociales y consolidando alianzas con gamonales. Para el Ejército, todos ellos debían ser abatidos.

Existían los limpios, que eran aparceros, arrendatarios y jornaleros de las haciendas de los gamonales para quienes trabajaban, y las autodefensas comunistas (o comunes); jóvenes sin tierra cuyas disputas eran contra esos gamonales.

Ante esta situación, el presidente Lleras optó por combinar una agenda social con una militar: mientras fortaleció la capacidad de la fuerza pública, llevó a cabo reuniones con los líderes comunistas en 1958, impulsó la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia y resucitó la reforma agraria.

La principal conclusión de esa Comisión fue que la violencia tenía un origen en la pobreza, el abandono y la desigualdad. De igual forma, Estados Unidos envió una misión de cooperación que advirtió sobre la insuficiencia del esfuerzo militar para pacificar el país y una reforma agraria sería necesaria.

La reforma agraria, aprobada mediante la Ley 135 de 1961, prometía acabar con el latifundio improductivo, pero terminó incentivando la colonización a través de la entrega de baldíos. Esto sembró conflictos de larga duración con comunidades negras e indígenas que habitaban en ellos. Durante esos años, los grandes ganaderos se opusieron a la reforma por el temor de perder sus tierras y en consecuencia crearon la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán).

Debido a que los grandes latifundistas tenían buena representación en el Congreso, la reforma empezó a decaer. Uno de los que más se opuso a la misma fue el conservador Álvaro Gómez Hurtado. Mientras tanto, el ambiente de Guerra Fría se seguía sintiendo en América Latina. Estados Unidos envió una segunda misión encabezada por el general William P. Yarborough para “examinar la cantidad y tipo de asistencia requeridos” en la lucha contrainsurgente.

A esta misión se le atribuye haber dejado sentadas las bases de la doctrina de Seguridad Nacional, que para la Comisión de la Verdad dejó graves consecuencias contra los derechos humanos; se estableció la noción del enemigo interno como un estigma en contra de los opositores bajo el argumento de que tras ellos actuaba el comunismo internacional.

Todo esto estableció sistemas de propaganda, guerra psicológica y el entrenamiento de civiles como apoyo a las Fuerzas Militares.

Por su parte, los grupos comunistas convocaron en abril de 1961 la Primera Conferencia Nacional de Autodefensas, organizada por el Partido Comunista Colombiano, que aprobó el uso de las armas no solo para defenderse, sino como una vía para acceder al poder.

Viendo esta situación, Gómez Hurtado pronunció un discurso en el Congreso en octubre de 1961 en el que acusaba a Lleras de haber dañado el clima político que había generado el Frente Nacional. Sus posturas le costaron la vida 34 años después, cuando fue asesinado por las Farc bajo el argumento de que su discurso sobre las repúblicas independientes justificó el ataque a los asentamientos del movimiento agrario comunista.

Las denominadas repúblicas independientes eran unos asentamientos campesinos ubicados en los corregimientos de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, que estaban custodiados por las guerrillas comunistas. Entre 1964 y 1965 se ejecutó el Plan Lazo, en el que el Ejército operó ofensivamente contra estos asentamientos donde vivían miles de familias con ganado, cerdos y aves de corral. Luego de esto, el Gobierno dio por terminados esos espacios sin Estado, pero autónomos sobre su economía y seguridad.

Los campesinos que allí vivían iniciaron un proceso de colonización en las selvas de Caguán, en Caquetá; el Ariari, en Meta, y el Cauca buscando tierras. Todo eso produjo que en 1966 se realizara la Segunda conferencia guerrillera del Bloque Sur, en la que diferentes grupos se unieron bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Para la Comisión de la Verdad, la acción militar en contra de estos asentamientos campesinos se trató de un error histórico que azuzó la violencia. Indica que los responsables fueron las élites políticas, que quisieron resolver los conflictos de tierras mediante la fuerza.

Otras guerrillas

En 1964 nació el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos fundadores fueron instruidos en Cuba y su estrategia buscaba copiar la del foco guerrillero ejecutada en la Guerra de Vietnam. Su centro era la lucha armada y la toma del poder para instaurar un “gobierno democrático y popular”.

En 1967 nació el Ejército Popular de Liberación (EPL), como brazo armado Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCML). Su ideología era maoísta y su estrategia, la guerra popular prolongada. Buscó influir en los movimientos obreros de Valle del Cauca y Antioquia, sobre todo en Urabá, donde la industria del banano estaba en auge.

Ninguna de estas guerrillas constituía una amenaza real para el Estado y de hecho estuvieron al borde de la extinción por las acciones militares en su contra.

El Ejército seguía implementando la estrategia de la doctrina contrainsurgente: buscar y destruir al enemigo, algo que ya era un fracaso en Vietnam, pues como cita la Comisión no podían arrasar militarmente con las guerrillas por “un impedimento político y económico que se los estorba: no pueden acabar con la población, ni siquiera con una parte importante de ella”.

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