Colombia, uno de los pocos países en América Latina que no reformó sus Fuerzas Armadas después de una dictadura

Uno de los pocos países de Latinoamérica que se empecinó en reformar las Fuerzas Armadas después de una dictadura fue justamente la Argentina. Luego de padecer seis regímenes autoritarios, siendo el último el de Jorge Rafael Videla (1976-1983), hubo un consenso el que el Ejército, responsable de la desaparición, tortura y exterminio de más o menos 30.000 personas, pasó a un ejercicio democrático ejemplarizante para sus naciones vecinas, incluyendo Colombia.

Colombia, pese a tener una de las democracias más duraderas de América Latina, ha padecido un conflicto armado con casi un siglo de duración y casi 10 millones de muertos (según cifras oficiales), pues hay que incluir hechos como la Guerra de los Mil Días y La Violencia. Es decir, la guerra interna no comenzó con el nacimiento de las Farc, pues antes de aquel mayo de 1964 ya había un antecedente guerrerista impulsado no solo por las Fuerzas Armadas sino también por los sectores más recalcitrantes del conservatismo, empezando por Laureano Gómez y el mismo Álvaro Gómez Hurtado.

Bajo ese panorama, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se pensó como un proyecto de pacificación en el país, pues no había fuerza que pudiera controlar los brutales cortes de corbata hechos por los chulavitas a los liberales en la segunda ola de La Violencia. Tampoco hubo quien frenara el actuar defensivo de las autodefensas liberales que tenían detrás el apoyo del partido Comunista y en ese orden, no había política agraria que pudiera frenar la barbarie. El general llegó al poder tras un golpe de Estado patrocinado por conservadores, liberales, empresarios y la Iglesia católica con la misión de apaciguar el terror en el campo, pero la cura salió mucho peor que la enfermedad.

Una vez en el poder, Rojas Pinilla empezó a tomar posturas autónomas respecto de los mandatos que llegaban desde quienes lo pusieron en la presidencia. Las marchas, muchas de ellas encabezadas por estudiantes, no se hicieron esperar durante los cuatro años del régimen que empezó en 1953. Sectores industriales y bancarios entraron en huelgas hasta que en 1957 entregó el poder y un país cuya violencia no se detuvo.

La discusión sobre una reforma a las Fuerzas Militares en Colombia después del régimen no se dio sino hasta inicios de los años 90, cuando se conformó la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la obsoleta de 1886. Sin embargo, el tema no pasó de un breve coloquio. Por lo demás, hubo un silencio rotundo sobre la posibilidad de hacer cambios en la estructura de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el volumen ‘No matarás’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad, los asambleístas no pusieron sobre la mesa la posibilidad de hacer transformaciones en las Fuerzas Militares, aunque en diciembre de 1990 habían ejecutado el bombardeo a Casa Verde que truncó el proceso de paz que se estaba adelantando con las Farc y que dos años después se retomaron en Tlaxcala.

Además, meses atrás habían ocurrido sangrientas masacres en Urabá y Magdalena Medio, y se estaba ejecutando el extermino de integrantes de la Unión Patriótica, que incluyó el asesinato del candidato presidencial de ese partido, Bernardo Jaramillo Ossa en marzo de 1990. Un mes después, fue acribillado Carlos Pizarro, que se acogió al acuerdo de paz logrado entre el gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla M-19.

Con ese panorama, al cual se sumaba el fortalecimiento de carteles como el de Cali y el del Norte del Valle para perseguir y matar a Pablo Escobar, la puerta al diálogo sobre una reforma a las fuerzas del Estado se cerraron con doble llave, pues ni siquiera con la evidencia obtenida a partir de los testimonios de exmilitares que comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que confesaron las alianzas con paramilitares y las matanzas de civiles para después ser presentados como guerrilleros abatidos en combate, se pensó en una transformación a las entidades castrenses.

Sobre esto, la Comisión de la Verdad recogió un testimonio de Antonio Navarro Wolff (pues no aceptó hablar con la entidad sobre este tema) en el cual indicó: “¿Cómo en la misma guerra íbamos a ponernos a quitarles funciones a los militares? Es muy distinto lo que ocurrió en El Salvador, por ejemplo, donde se firmó un acuerdo de paz, se produjo una transformación que entre otras cosas disminuyó el tamaño del Ejército y cambió toda la política de seguridad”.

El excongresista, exalcalde y exgobernador también dijo que le pareció “inconveniente” discutir sobre cambios en la política de seguridad y las relaciones entre los poderes civil y militar sabiendo que el conflicto con las guerrillas y los carteles era incansable y en ocasiones las Fuerzas Militares no daban abasto, o por falta de personal o porque el narcotráfico había permeado esas esferas.

Héctor Pineda, uno de los voceros del proceso de paz con el M-19, dijo que en la Constituyente del 91 se sintió el vacío de no reformar a las instituciones militares “para ponerlas a la altura de la nueva Constitución”, como señala la Comisión. Para ese entonces, ya llevaban 30 años de lucha contrainsurgente, siguiendo a pie juntilla el discurso ideológico bajo el cual se llevó a cabo la Guerra Fría: perseguir al enemigo interno, estuviera armado o no. Esa premisa ha costado vidas de miles de reinsertados, dirigentes, sindicalistas, docentes, estudiantes, campesinos y líderes sociales que pensaban distinto a los gobiernos de derecha o ‘neoliberales’.

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