Corte Constitucional cita a reunión por hacinamiento en las cárceles de Colombia

El objetivo del alto tribunal es detectar bloqueos o inercias administrativas que impiden el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional

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Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, señaló que los gobiernos no han puesto todo lo necesario para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de hacinamiento en las cárceles y URI.
Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, señaló que los gobiernos no han puesto todo lo necesario para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de hacinamiento en las cárceles y URI.

Para el 21 de noviembre fueron citadas por la Corte Constitucional a sesión técnica varias entidades del Estado de nivel nacional y territorial, con la finalidad de resolver el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), y evaluar las distintas problemáticas administrativas, normativas o presupuestales que afectan los derechos de la población privada de la libertad.

En la citación, que iniciaría a las 8: 00 a. m., también se espera determinar y hallar soluciones a los problemas causantes de la crisis y el hacinamiento que se vive en centros carcelarios y centros de detención transitoria del país.

Así mismo, la Sala Especial de Seguimiento, a las órdenes contenidas en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022, pretende conocer los problemas, las buenas prácticas y las recomendaciones sobre el actual seguimiento al ECI para establecer los retos específicos de su extensión a los centros de detención transitoria y la vinculación de la institucionalidad del nivel descentralizado o territorial al tema, entre otros asuntos.

De acuerdo con la Corte Constitucional, la sesión técnica se desarrollará en tres ejes temáticos: los avances en la superación del ECI penitenciario y carcelario, el avance en el cumplimiento de las órdenes cuarta y quinta de la Sentencia SU-122 de 2022 y por último, las alternativas para el seguimiento conjunto de las tres sentencias de la Corte Constitucional en las que se declaró, reiteró y extendió el ECI.

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A la sesión fueron citados el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, entre otros.

También fueron invitadas las presidencias del Senado de la República, la Cámara de Representantes y de la Comisión Accidental de Seguimiento, Vigilancia y Control al Sistema Penitenciario y Carcelario, la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios.

La Corte Constitucional también informó que con el propósito de garantizar los principios de publicidad, transparencia y participación, “el INPEC deberá garantizar los medios tecnológicos y técnicos necesarios para la asistencia y participación efectiva de las personas privadas de la libertad en toda la jornada de la sesión técnica que se realizará de manera virtual”.

Hay que agregar que el pasado 29 de septiembre Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, señaló que los gobiernos no han puesto todo lo necesario para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de hacinamiento en las cárceles y URI.

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Para el alto tribunal es necesaria la intervención del juez constitucional para orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades del orden nacional y territorial que, desde sus competencias, deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales.

Hay que recordar que el pasado 6 de abril la Corte Constitucional extendió el Estado de Cosas Inconstitucional al estudiar nueve tutelas, después de analizarlas, indicó que en las cárceles del país existiría una violación masiva y generalizada de derechos de los presidarios.

En ese momento y con votación 5-3, el alto tribunal dictó una serie de órdenes a corto y largo plazo para solucionar la crisis de derechos humanos, que implica la construcción de prisiones, el traslado de personas condenadas que están en dichos centros a cárceles, así como adecuar nuevos lugares con condiciones de dignidad.

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