Riesgos de corrupción en la entidad encargada de administrar los bienes de la mafia, denunció la Contraloría

A través de un Estudio Sectorial, la Controlaría General de la República, reveló una serie de riesgos fiscales y de corrupción en el manejo y la gestión de los bienes de extinción de dominio, los cuales son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En las investigaciones realizadas por la entidad, se lograron encontrar 581 bienes inmuebles, cuya extensión es significativa en metros cuadrados y/o hectáreas, avaluados en menos de $1 millón.

De igual manera, el ente regulador informó que 1.316 bienes inmuebles, en su valor determinado, es menor que el avalúo comercial. La diferencia económica de estos bienes y los del mercado es de $195.484 millones, cifra que puede interpretarse como una sub valoración de los bienes desde el punto de vista comercial.

Por ejemplo, una finca en El Colegio, en Cundinamarca, de 1.750 metros, tiene un avalúo catastral de vigencia de 2019 por $ 500.000.

Adicional, el estudio registró que no se tiene en claridad el estado físico de 57,5% (16.823) de los bienes inmuebles de los están en el inventario, en total son 28.343. Lo anterior, hace que no se cumplen las políticas institucionales en materia de asignación de depositarios, generando concentración de bienes.

Por ejemplo, cinco depositarios superan el tope máximo de asignación establecido de bienes, mientras que 25 sobrepasan el tope en materia de sociedades.

Para finalizar, no se ha gestionado en debida forma la entrega de bienes de la extinta FARC, conforme lo dispuesto en el Decreto 1535 de 2017. Por esta razón, la Contraloría adelantará auditorías específicas al cumplimiento de las obligaciones de la SAE y seguimiento permanente del inventario de los bienes de extinción de dominio.

Desde la Procuraduría General de la Nación se indicó que abrirán una indagación disciplinaria y una inspección en la sede en Bogotá de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), debido a presuntas irregularidades en la administración de bienes incautados a la mafia.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales estará como designada para comenzar acciones disciplinarias por presuntas irregularidades, al respecto de la inspección se indicó desde el ente regulador: “Dicha intervención contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la SAE. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo”.

Fueron alrededor de 5 irregularidades las encontradas en la inspección y que llaman la atención de la Procuraduría General. Una de ellas es que no hay la certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la SAE. De igual manera no tienen la claridad de que tan vulnerable e inconsistente es el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.

“No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna”, se evidenció tras la inspección.

También resaltaron varias anomalías e incumplimientos: “en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos”. También enfatizaron que varios contratos de arrendamiento de lujosas propiedades están por debajo del precio estimado por la SAE.

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