La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostiene que ocho de cada diez delincuentes que son capturados por la Policía Metropolitana quedan en libertad, por lo que el eslabón perdido en la cadena de combate a la delincuencia está en la Rama Judicial. Aunque en el pasado había responsabilizado a los jueces, en la presentación del último balance de seguridad señaló que es consecuencia de la normatividad.
“Los jueces nos han contestado con razón que ellos solo pueden aplicar la ley”, sostuvo López. Sin embargo, aseguró que la ley de seguridad ciudadana que se expidió el año pasado no se está cumpliendo, porque el agravante de hurto con arma para que fuera “prácticamente detención automática” y el hurto de menor cuantía recurrente debería llevar las personas capturadas bajo esos delitos a la cárcel, pero no se está aplicando.
“Ni siquiera cuando se cambia la ley para que diga la ley, lo que todos nos parece lógico, se cumple”, sostuvo la alcaldesa. “Desde el 25 de enero de este año está en vigencia la ley de seguridad ciudadana. Cuando hacemos el balance desde el 25 de enero al 1 de noviembre hemos capturado por hurto o atraco 8.041 casos (...), 6.996 por hurto, 1.047 armados, en 17 casos daño en bien ajeno y uno con agresión a servidor público”, pero según la mandataria solo 764 con detención carcelaria y 71 domiciliaria.
“Ni siquiera los 1.047 casos en los que había arma de por medio, ni siquiera teniendo el atracador y al arma, los mandaron a la cárcel”, expuso López. Además, cuestionó los casos de detención domiciliaria porque, según dijo, “es equivalente a dejar en libertad” y propicia la reincidencia. “El INPEC no vigila ni siquiera a los que tiene en La Picota, mucho menos a los que manda a la casa”, señaló la alcaldesa.
En ese sentido, el 88 % de los detenidos se mantiene sin consecuencias después de su captura por cometer un delito, pese a los agravantes que contempla actualmente la ley. En ese sentido, señaló que es necesario que se pueda judicializar a quienes cometen hurtos y atracos.
“De cada 4 capturados a dos los termina dejando libre el fiscal. El fiscal del caso no imputa el cargo, no destaca el agravante y lo deja libre. A uno de cada cuatro lo deja libre el juez y en el resto o no aplicaba o hay algún error en el procedimiento”, expuso la mandataria capitalina.
López cuestionó que el delito de hurto sea querellable porque implica que las víctimas deben invertir su tiempo en la denuncia. Además, señaló que la mínima cuantía, por debajo de los cuatro millones de pesos, es libertad automática. Señaló que pese a que la Alcaldía propuso una reforma a la ley para corregir esos casos, no ha pasado ni siquiera el primera debate.
Según la alcaldesa, menos del 1 % de las liberaciones de capturados es por error en procedimiento. “El responsable de la mitad de los casos de impunidad es el fiscal en su valoración, en el 25 % de los casos es el juez en su valoración. Que hay que cambiar la ley, la cambiamos señores jueces y fiscales, tampoco la están aplicando. Entonces ¿de qué nos sirve cambiar la ley?”, cuestionó López.
Sin embargo, señaló que “el problema no son los jueces, no son los fiscales, es la manera como estamos interpretando la ley, la manera como están aplicando la ley y algunas disposiciones que tiene la ley y se tienen que cambiar”, por eso López aseguró que continuará trabajando con las instituciones judiciales para cambiar y lograr que los capturados en flagrancia sean enviados a la cárcel.
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