Red de tráfico de armas en el Ejército: “Tendrán que pagar por sus errores”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares

Luego de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, lograron identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red criminal señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de la fuerza pública para vender a distintos grupos criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.

El general Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, habló sobre la tarea de las autoridades.

Además, el comandante de las Fuerzas Militares agregó que: “una de las premisas nuestras es siempre mantener la integridad institucional y todas estas personas que estén en contra de las leyes y los principios de nuestra institución tendrán que pagar”.

De acuerdo con el ente investigativo, entre las personas procesadas se registra personal activo y exintegrantes del Ejército que desempeñaron diversas funciones en los depósitos de los fuertes militares en zonas del Caquetá, Meta, Bogotá, Putumayo y la Costa Atlántica.

Los oficiales se aprovecharon de sus cargos e hicieron la extracción de pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres, y entregarlos a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados ilegales.

Hasta el momento, se han documentado pagos por más de $50 millones entre 2017 y 2022, una clara evidencia de los dineros productos de las negociaciones ilícitas que eran enviados por medio de empresas de giros.

Las ocho personas que harían parte de esta red fueron capturadas en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Medellín (Antioquia), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta), Barranca de Upía (Meta), Apía (Risaralda) y Neiva (Huila).

Dos de los detenidos se encuentran el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes cumplían detención en los lugares de residencia, fueron condenados por el delito de tráfico de armas. A pesar de que cumplían casa por cárcel, las pruebas especificaron que tenían contacto directo con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armas a gran escala.

Por su parte, el soldado profesional retirado Pedro Javier Ciro Restrepo, resultó detenido luego de que en medio del procedimiento se presentó con una cédula de identificación que no le correspondía.

Los demás señalados involucrados son: el sargento segundo Julián Bernardo Pinilla Agredo; el soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz; Ubeimar Escobar Muñoz, presunto intermediario; Jorge Alfonso Betancur Sánchez, quien sería uno de los transportadores de las armas y la munición; y María Isabel Díaz Romero, propietaria de un establecimiento de comercio en Medellín, Antioquia, que habría sido utilizado para almacenar las armas, accesorios y cartuchos obtenidos de los fuertes militares.

Ante esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a todos ellos, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; enriquecimiento ilícito; y uso de documento falso.

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