Inseguridad en Bogotá: 73,9 % de los procesados por hurto afrontan un proceso judicial en libertad

En las últimas semanas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha manifestado sus inconformidades con la Rama Judicial. De acuerdo con la mandataria, 8 de cada 10 personas que las autoridades capturan por robo terminan en libertad, lo que incrementaría la impunidad en la capital; sin embargo, las cifras que entregó no serían las correctas.

“Tenemos un desafío muy grande que se llama impunidad”, destacó López y recordó que la Policía realiza todos los esfuerzos por capturar a los delincuentes. “Nosotros hacemos nuestra tarea, pero necesitamos que la justicia haga la propia”, agregó.

El diario El Espectador revisó la base de datos pública del Sistema Penal Oral Acusatorio y determinó que es falso que el 80 % de las personas procesadas por hurto queden en libertad. En lo corrido de 2022, se han registrado 672 casos por hurto y hurto calificado, de los cuales solo el 26,1 % terminaron presos. Eso significa que, si bien la cifra entregada por la alcaldesa no es la correcta, el 73,9 % de los capturados afrontan el proceso judicial en libertad. Aunque eso no se traduce en impunidad.

En el sistema penal colombiano, la presunción de inocencia es una prioridad hasta que la justicia determine lo contrario. Según el medio de comunicación mencionado, mientras se desarrolla el proceso judicial, los casos en los que se otorga medida de aseguramiento privativa de la libertad son contados —en 2022 han sido 175—. En ese sentido, aquellos ladrones que dejan en libertad no han terminado su proceso penal o han sido exonerados del delito.

Cuando la Policía Nacional captura a una persona, sea en flagrancia o no, se le deben dar conocer sus derechos: a no ser agredido y a guardar silencio. A partir de ese momento, un juez debe determinar en menos de 36 horas si la aprehensión fue legal y en caso de encontrar alguna irregularidad, el sospechoso podría quedar en libertad por no haber recibido el debido proceso, aunque no es exonerado del delito.

Por otro lado, el hecho de que la persona víctima del delito no denuncie también puede evitar que el ladrón sea judicializado.

Los datos consultados por El Espectador también determinaron en qué etapa de los procesos están los detenidos por la justicia: el 14,7 % tuvo una sentencia condenatoria; el 1,1 % recibió una sentencia anticipada —que se da cuando aceptan los cargos—; el 6,9 % corresponde a las víctimas que desistieron de la denuncia y resolvieron la situación por medio de una conciliación (querella); el 45,8 % está en indagación preliminar, el 25 % van en la etapa de juicio y 6,25 % está en investigación.

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La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial mostró reparos con las afirmaciones de la alcaldesa de Bogotá y le pidió “ponderar sus palabras. A su vez, la Federación Nacional de Jueces y Fiscales “constituyen una inaceptable e irrespetuosa injerencia en la función judicial”.

Este jueves 3 de noviembre, Claudia López presentó el último balance de seguridad de la ciudad y señaló que la responsabilidad realmente no es de los jueces, sino de la normatividad vigente. “Los jueces nos han contestado con razón que ellos solo pueden aplicar la ley”, sostuvo López; sin embargo, denunció que la ley de seguridad ciudadana no se está cumpliendo.

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