Nuevas irregularidades denunció la directora de la Unidad para las Víctimas: bienes arrendados por $4.000 y falta de información

En poco más de dos meses al frente de la Unidad para las Víctimas, la directora Patricia Tobón encontró numerosas irregularidades en el Fondo de Reparación que decidió poner en conocimiento de la Fiscalía y los organismos de control. Estas situaciones habrían impedido avanzar en la reparación de las personas que han sido violentadas en el conflicto armado.

Los hallazgos denunciados por Tobón Yagarí luego de un análisis de la entidad, podrían indicar un nuevo caso de corrupción en la administración de bienes y recursos destinados para la reparación a las víctimas, que se suma al ya denunciado en la Sociedad de Activos Especiales durante el actual gobierno.

La directora de la Unidad señaló que en los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) solo se ha reparado cerca de un millón de personas. Una lenta ejecución que, según indicó el director de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, podría estar relacionado con las irregularidades halladas en el manejo de Fondo de Reparación.

“Cómo va a alcanzar la plata para reparar a las víctimas”, cuestionó durante la exposición de los hallazgos que fueron reportados ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que se verifiquen, se realice una auditoría forense y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

La nueva directora de la Unidad encontró deficiencias en los inventarios de los insumos de algunos bienes, los cuales tienen reportes distintos ante la entidad. Señaló que el 39 %, 932 de los 2.466 bienes que tiene la entidad, se encuentran ocupados de manera irregular.

Por ejemplo, se hallaron 47 bienes entregados en arrendamiento con cánones entre 4.000 y 100.000 pesos. Una situación que le llamó la atención a la dirección. “A quién le puede caber en la cabeza que un bien inmueble cueste $4.300″, cuestionó Idárraga Franco.

Por eso solicitaron una auditoria fiscal que realice una revisión caso a caso para confirmar los hallazgos, que ya le fueron informados a la Fiscalía de acuerdo a las pruebas que se han logrado recaudar. Pero hay obstáculos en el acceso de la información, con presunto interés de ocultarlo.

“La entrega de información no ha sido ágil, se ha ocultado y dilatado información por parte de funcionarios”, denunció Tobón y agregó: “Hemos identificado informaciones distintas en las bases de datos reportadas. A la corrupción le interesa que la información no esté en el sistema”.

Por ejemplo, el secretario de Transparencia señaló que un contratista llamado Gustavo Adolfo Quevedo estaba recibiendo el valor del arrendamiento de un bien de la Unidad a título personal. Habría varios bienes entregados a una misma persona y posiblemente 13 grupos familiares trabajando en el Fondo de Reparación como una empresa.

“Encontramos ausencia de análisis de perfiles y antecedentes judiciales e historial crediticio de arrendatario y codeudor, no hay acciones para recuperar el bien de deudores morosos, deficiencias de control de inventario de los insumos. Hay mora en pago de servicios públicos de bienes desocupados”, señaló Idárraga.

Uno de los hallazgos es que en el Fondo se utiliza el programa Excel para registrar la información, lo que es una plataforma arcaica para sintetizar los datos; más aún cuando en el 2020 se adquirió un contrato para un software especializado para realizar esa labor.

“Los presupuestos de las entidades y de las víctimas son sagrados. Esto no es un asunto justificable bajo ninguna postura política”, sostuvo Tobón, quien señaló que estos hallazgos confirman las denuncias sobre el manejo de la entidad que habían elevado las víctimas y se comprometió a mantener la transparencia durante su dirección.

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