Fiscal Francisco Barbosa se refirió a los procesos de diálogo con los grupos armados: “Queremos que haya paz total”

La Fiscalía General de la Nación tendrá un rol fundamental en la política de Paz Total que busca implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro, tanto en los procesos de sometimientos como de diálogo. Respecto a estos avances, el fiscal general Francisco Barbosa expresó su disposición de colaboración, así como las líneas rojas que considera que se deben tener en cuenta en las futuras negociaciones.

El fiscal se refirió a la política del gobierno durante el primer Simposio Internacional de Seguridad Humana que organizó la Policía Nacional. Allí planteó que los procesos de sometimiento, que se plantean para las organizaciones delincuenciales que no tienen reconocimiento político, deberán hacerse ante la justicia ordinaria, es decir, con participación de la Fiscalía.

“La Fiscalía ayudará en todo lo relativo a ese sometimiento porque hay voluntad de paz de la Fiscalía General de la Nación. Queremos que haya esa paz total o que se plantee esa paz total, y la respaldamos. Nosotros institucionalmente respaldamos las iniciativas y más aún la paz como un derecho de obligatorio cumplimiento, pero bien hecha y sobre los estándares legales, constitucionales e internacionales que se establecieron en este territorio y que acataron los estándares internacionales de derechos humanos”, sostuvo Barbosa.

Uno de los pasos fundamentales para echar a andar la Paz Total es la caracterización de los grupos armados y delincuenciales, del cual parte qué tipo de proceso de acogimiento a la justicia se puede abordar, sometimiento o negociación.

Según el fiscal Barbosa, esa caracterización ya está hecha, porque el ente acusador ya no es el mismo del 2005, cuando se expidió la Ley de Justicia y Paz que le otorgó las funciones para identificar a los grupos armados y sus miembros, sino que ahora cuenta con mayor tecnología y capacidad.

En ese sentido, la Fiscalía cotejará la información relacionada con las personas que se presenten a los procesos de sometimiento a la justicia para verificar su pertenencia real a las organizaciones criminales y evitar colados. Como ya ha sucedido, personas que no cumplen las características para obtener beneficios judiciales, aprovechan estos momentos para evitar ser juzgados por conductas delictivas.

En cuanto a la negociación que se plantea, por ejemplo con el ELN, el fiscal Barbosa reiteró una advertencia: “Los mínimos de esa negociación ya están determinados por la negociación de las FARC. Más que eso no puede haber porque se establecieron parámetros de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se le fueron explicados al Fiscal de la Corte Penal Internacional”, dijo.

Es decir que para Barbosa, los miembros de grupos armados que entren en negociación con el Gobierno Nacional no deberían poder obtener mayores beneficios judiciales que los que firmaron las Farc, porque considera que a esa guerrilla se le permitieron los mínimos posibles en el marco internacional para alcanzar su reintegro a la vida civil.

Incluso Barbosa fue asesor de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz antes de llegar a ser Fiscal. Cuando era profesor, la defendió públicamente, aseguró que no era impunidad, sino que establecía claramente los límites de las amnistías y las sanciones según responsabilidad o colaboración para el esclarecimiento de la verdad.

La modificación de la Ley de Orden Público que le otorga al Estado las herramientas para emprender los acercamientos oficiales con los grupos armados y delincuenciales organizados en el país ya está en conciliación en el Congreso de la República y en las próximas semanas debería quedar para sanción del presidente Petro.

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