Exgobernador del departamento de Bolívar fue inhabilitado durante diez años por participar en el cartel de la hemofilia

Diez años de inhabilidad le otorgó la Procuraduría General de la Nación al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, luego de que lo hallara culpable de ser el responsable del escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la Hemofilia’. Durante una década, entonces, no podrá ejercer ninguna actividad en cargos públicos. Es de recordar que estuvo al frente de la administración de ese departamento desde el año 2012 hasta el 2015. Fue el mismo Gossaín el que confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Crónica de una infamia. JCGR”, escribió.

“Basándose en el fallo de la Contraloría, la Procuraduría General inició un proceso disciplinario para dictaminar si no hice el debido control a los pagos por servicios de salud a pacientes hemofílicos. Pese a demostrar que actuamos en la misma forma que lo hicieron los cuatro interventores de la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, con fecha octubre 12 de 2022, acaba de inhabilitarme por diez años para ejercer cargos públicos”, manifestó el exgobernador.

“Fue mi intención al culminar el mandato de gobernador alejarme de la política, ahora ya es oficial, lo lograron quienes así lo necesitaban. Lo que sí no podrán nunca es limpiarse de semejante infamia. Vuelven los titulares y los perros a ladrar. Sigo mirando con la frente muy en alto”, añadió en su intervención.

Es de recordar que, en el año 2017, fue la Contraloría General la entidad encargada de vincularlo en el proceso. Se le acusó de permitir el pago de más de $16 mil millones a dos IPS, supuestamente, con el fin de atender a pacientes de hemofilia, sin embargo, el objetivo no se cumplió y se demostró la existencia de irregularidades en los acuerdos. Según el ente acusador, el monto que autorizó pagar Gossaín Rognini “obedeció a la prestación de servicios de salud por medio de las IPS Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral, con lo que omitió el cumplimiento de la normativa que regula la obligatoriedad de contratar Empresas Sociales del Estado, ESE, para la atención de pacientes”.

“El disciplinable no ejerció la debida función de vigilancia y control frente a las funciones delegadas y avaló el pago de $16.019.388.888 por concepto de procedimientos médicos que no cumplían los parámetros señalados por el Consejo de Estado, requeridos parta la prestación de los servicios de salud”, se destacó en el fallo de primera instancia del Ministerio Público. Se detalló que la falta del entonces funcionario era ‘gravísima’.

Las sanciones no solo lo afectan a él, a su vez, golpean a la secretaria de salud titular, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; a la encargada, Bertha María Pérez López; por 12 años a la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud, Nacha Newball Jiménez; y sanción de suspensión por cuatro meses a Luis Eduardo Ortiz Herrera, profesional especializado de la precitada Gobernación.

Es de destacar que el exgobernador se defiende diciendo que esta decisión tomada en su contra recae en el fallo de la Contarloría resultante en el año 2019. “La factura por la que me sancionan fue pagada en noviembre de 2012, tres meses después que a la Secretaría de salud de Bolívar le levantaran la intervención que sobre ella tenía la Superintendencia de Salud. La misma entidad que dejó revisada y auditada la factura que yo terminé firmando para ser pagada, la misma entidad que durante cuatro años anteriores pagó facturas o resoluciones similares sin que hasta fecha de hoy se le hubiese señalado por irregularidades”, compartió.

“En conclusión: No hubo robo ni corrupción, pero sí lo necesario para crear un escándalo cuyo propósito, dirigido tras bambalinas, consistió en señalarme y desplazarme de la vida pública”, aclaró en la publicación que hizo en sus redes sociales.

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