En avanzadas horas de la noche del lunes, 31 de octubre, se radicó el documento de la reforma tributaria que será debatido en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. El Gobierno Nacional realizó grandes esfuerzos de socialización con los diferentes sectores para evaluar las propuestas que debían ser cambiadas o eliminadas respecto a la presentación inicial. En este proceso de más de 2 meses el proyecto del gobierno sufrió varias modificaciones, con el propósito de alcanzar las mayorías que necesita esta iniciativa para convertirse en ley de la República.

Inicialmente, el recaudo proyectado por parte del presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, era de 25,9 billones de pesos. Cifra de la que insistieron, en repetidas ocasiones, no era negociable. Sin embargo, al someterse con la negativa de varias bancadas, incluso de gobierno, el proyecto de ley fue aprobado en su anterior debate con una meta de $22 billones. Pero con las modificaciones hechas en la última semana, la reforma tributaria busca ser aprobada para alcanzar un recaudo de 20 billones de pesos.

El senador Gustavo Bolívar confirmó la radicación de la ponencia y añadió que se espera debatirla mañana, miércoles.

La más reciente controversia entorno a la reforma tributaria tiene que ver con la posibilidad del aumento del pan. La Asociación Nacional de Fabricantes de Pan (Adepan) dijo que, algunos de los insumos que se usan para la producción de algunos productos como liberales, galletas, roscones o churros están incluidos dentro de la lista de los alimentos ultraprocesados, por lo que estos productos podrían subir hasta $300.

Luego de la aprobación en primer debate y con las posiciones contrarias de bancadas como el partido de la U, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, el presidente Gustavo Petro anunció el miércoles pasado que ya no se van a grabar a los pensionados del país. En un principio, la reforma tributaria buscaba gravar, mediante el impuesto a la renta, las pensiones superiores a los $10 millones.

Otra variación importante refiere al sector minero-energético. La consideración inicial del Gobierno Nacional consideraba una sobretasa del 10 por ciento para empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos, esta referencia porcentual iría bajando durante los siguientes años hasta llegar al 5 por ciento. Una medida adoptada por el gobierno en el marco de la transición energética.

Sin embargo, con el cambio hecho para la presentación de la ponencia, considera un margen que va desde el 5, 10 y 15 por ciento, dependiendo del precio de los mercados internacionales. Pues si está alto, se tributa con la sobretasa del 15 por ciento y si se reduce la cotización del hidrocarburo, se reduce su margen porcentual de tributación.

En particular, esta es una medida que no llegó muy bien en el sector, pues agremiaciones como Fedesarrollo y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas aseguran que las regalías en las regiones dejarían de percibirse de la manera en como ocurre hoy, además que se verían obligados a pagar una mayor tributación.

Por otro lado, las zonas francas estarán gravadas con un impuesto ponderado, pero que tendrá una diferenciación de la comercialización interna y externa. Decisión que flexibilizó el régimen tributario para las empresas del país. Conforme a las explicaciones del ministro Ocampo, el gravamen sobre las ventas en el exterior estará fijado en 20 por ciento, mientras que en las ventas en el mercado interno estarán gravadas sobre el 35 por ciento.

El documento radicado eliminó, como objeto de tributación, a las iglesias que ejerzan actividades de rito, culto o religiosos. Sin embargo, las actividades comerciales de las iglesias sí están vinculadas a pagar un tributo del 20 por ciento.

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