Libertad para los capturados en las protestas: en qué consiste el proyecto para “despolarizar” la sociedad colombiana

En el Senado de la República fue radicado un proyecto de ley que pretende decretar “la despolarización de la sociedad”, según dice el primer artículo de la iniciativa. En esta se contempla la promoción de valores, espacios de reflexión y campañas pedagógicas, así como derogar apartes de la Ley de Seguridad Ciudadana, sanciones no punitivas a capturados en protestas sociales y depuración de archivos de inteligencia.

La autora de la iniciativa es la senadora del Pacto Histórico Clara López Obregón, ex ministra de Trabajo. “En el contexto de polarización que vive el país están normalizadas las agresiones contra las posiciones contrarias y consecuentemente se legitima el uso de la violencia en política. Colombia necesita avanzar a una Paz Total y afianzar los valores democráticos”, señaló tras la radicación del proyecto de ley.

Este texto propone promover la despolarización en la sociedad colombiana a través de una política de Estado que intervenga en diversas expresiones de la sociedad civil, la academia, los partidos políticos y grupos representativos, movimientos sociales, redes y plataformas de derechos humanos para disminuir la conflictividad política.

En esta iniciativa, la senadora López Obregón incluyó también medidas para que los capturados en medio de las protestas sociales no tengan que estar en la cárcel. Esta fue una propuesta del Pacto Histórico que no ha logrado consolidarse cuando se cumple más de un año de las manifestaciones del 2021.

En el proyecto, se propone reformar el Código Penal para dar un tratamiento restaurativo de los delitos en contextos de protestas sociales. Es decir que quien “en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social, haya incurrido en delitos, tendrán un tratamiento no punitivo, que establezca sanciones restaurativas, alternativas y que vinculen a los jóvenes con el trabajo social y comunitario”.

Aunque el texto no aclara qué tipo de delitos, las penas restaurativas en la legislación nacional se circunscriben a aquellos que no exceden las penas de 5 años ni trasgreden la órbita personal del perjudicado. Sin embargo, en el proyecto se aclara que “el tratamiento no punitivo se restringe a delitos amnistiables o indultables en personas no pertenecientes a grupos armados al margen de la Ley. No podrán beneficiarse de dicho tratamiento personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.

Además, el proyecto de ley propone derogar apartes de la seguridad ciudadana. Entre estos el numeral 6.1 del Artículo 32 de la norma que trata sobre la legítima defensa privilegiada, un aparte cuestionado porque contempla que “la fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”.

Así mismo, propone suprimir el traslado por protección que realiza la Policía a quien “se encuentre o aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas y exteriorice comportamientos agresivos o temerarios”.

Finalmente, la senadora López destacó la depuración de archivos de inteligencia que contempla retirar aquellos expedientes de perfilamiento a líderes sociales, políticos, periodistas, promotores de cultura, defensores de derechos humanos, representantes de comunidades étnicas y aquellos que hayan sido declarados objetivo de seguimiento de inteligencia en el marco del conflicto armado.

Parte de la base que la persistencia del conflicto armado y los retos de implementar el acuerdo de paz, han profundizado “la polarización social genera ambientes dicotómicos y estereotipados, en los que se reducen los puntos de vista y se segrega a posiciones minoritarias”.

Ene se sentido, plantea encuentros pedagógicos para promover la tolerancia y el pluralismo político, generar espacios de debate de posiciones divergentes con todas las entidades del Estado, implementar la Cátedra de paz, espacios de reflexión en los medios comunitarios, así como que los colegios y universidades introduzcan en sus planes educativos “herramientas pedagógicas que promuevan el pluralismo político y prevengan la construcción de estereotipos”.

También propone que los partidos políticos promuevan el pluralismo y eviten “narrativas que nieguen o trivialicen crímenes como el genocidio, crímenes de lesa humanidad o los efectos del Conflicto Armado sobre la población civil, y del uso de la violencia en política”.

Además, el texto plantea que los partidos incluyan en sus códigos de ética mecanismos de prevención para evitar que sus miembros “promuevan, distribuyan, difundan escritos o cualquier otra clase de material para fomentar o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo”.

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