Las EPS le deben 16.6 billones de pesos a las clínicas y hospitales del país. Ese fue el principal hallazgo que la Supersalud dio a conocer este lunes 31 de octubre. Dicho déficit estaría generando un gran problema en el sector prestador de la salud, generando serios inconvenientes para los usuarios.
Así lo manifestó también Ulahí Beltrán López, superintendente Nacional de Salud, que señaló que las Entidades Promotoras de Salud están recibiendo cumplidamente sus recursos mes a mes, y si bien tienen la obligación de destinar esos dineros “para proteger a las personas cuando están sanas y atenderlas cuando están enfermas”, como dijo en declaraciones recogidas por El Espectador, deben pagarle a las entidades que prestan la atención adecuada a los usuarios.
“En este momento existe una dificultad evidente por el incumplimiento en los pagos por parte de las administradoras de recursos y que tiene en crisis al sector prestador de servicios, tanto público como privado”, dijo también el funcionario. Incluso, advirtió que el problema es más grave de lo que parece, pues el nivel de deudas haría que las clínicas no puedan seguir con sus obligaciones ante las EPS.
Vale mencionar que Bogotá, Chocó, Santander, Antioquia y Valle del Cauca integran la lista de las 10 regiones del país donde más se quejan los usuarios de las EPS por negligencia en el servicio. Bajo ese panorama, la superintendencia ha realizado varias mesas de intervención que darán como resultado la creación de planes de acción que deben ser acatados por diversas instituciones, entre ellas, las prestadoras de salud.
Las otras zonas del país con altos índices de reclamos a las EPS son Risaralda, Vichada, Vaupés, Guaviare y Bolívar.
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En ese sentido, Beltrán López explicó que esas mesas las están realizando en los departamentos que presentan registros críticos “por la insatisfacción del servicio que reciben o por la violación sistemática al derecho de la salud; tenemos la responsabilidad de que la garantía a ese derecho se haga costumbre en los territorios”.
Además, precisó que se están creando los puentes con el objetivo de destinar los recursos que se deben “hacia quienes tienen derecho a reclamar el pago por las atenciones prestadas. Queremos que la plata esté donde debe estar, es decir, en poder de quienes prestaron el servicio, porque así se garantiza la continuidad de la atención en términos de oportunidad para los dueños del sistema, que son los ciudadanos”.
El superintendente Nacional de Salud también se mostró alarmado con las más de 814.000 peticiones, quejas y reclamos en contra de las administradoras de recursos de enero a septiembre. Dicha cifra, según él, “demuestran los altos niveles de desprotección en los que se encuentran los ciudadanos, especialmente los más vulnerables”. En ese orden, puntualizó en que se van a investigar a fondo las irregularidades, sobre todo las que ocurren en los territorios con mayor número de reclamaciones.
Solo en Risaralda, las EPS le deben a las clínicas y hospitales cerca de 271.400 millones de pesos, mostrando un negro panorama para estas instituciones, incluso el cierre de varios de ellos si no se ejecutan las medidas necesarias para la recuperación de ese monto.
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