Defensoría del Pueblo advierte vulneración de derechos por confrontaciones del ‘Clan del Golfo’ con bandas criminales locales

Durante el lunes, 31 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para proteger los derechos de las comunidades de los municipios de Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón, pertenecientes al departamento de (Atlántico). La entidad del Ministerio Público asegura que esta población civil está en alto riesgo de vulneración de derechos humanos por cuenta de la la presencia y disputa del territorio del ‘Clan del Golfo’ con las bandas criminales que operan en la región.

Según la alerta temprana, estas organizaciones criminales buscan quedarse con el control territorial de la zona, lo que también implica someter a la población civil al control de estos grupos organizados ilegales.

Este sector es geográficamente estratégico para el manejo de economías ilegales, tanto al interior del territorio nacional, como para el control de las rutas de contrabando y narcotráfico fuera del país.

Esta situación, advierte la Defensoría del Pueblo, representa un riesgo latente para la vida de los líderes sociales y habitantes en general de esta zona norte del país.

Conforme al Ministerio Público, hace dos meses se realizó una visita en el sur del departamento en la que se pudo constatar la problemática social y de seguridad que se vive en estos 5 municipios del Atlántico. Por lo que se elevó un llamado a las autoridades nacionales y regionales para establecer medidas que permitan frenar la comisión de delitos como la extorsión, los homicidios selectivos y múltiples y las amenazas en la población civil.

Estas acciones delictivas estarían afectando, de manera especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. En este sentido, según explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se hicieron quince recomendaciones a las autoridades para que se establezcan las medidas pertinentes que conduzcan a la protección de las personas en riesgo de vulneración de derechos.

La Defensoría del pueblo recomendó a las autoridades la realización de campañas para prevenir y atender las amenazas que se denuncian, al igual que sucede con las extorsiones en contra de las comunidades de la región. Asimismo, se le pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación reforzar su presencia en estas cabeceras municipales.

“Recordamos a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las condiciones de precariedad y pobreza de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades”, concluyó el defensor, Carlos Camargo.

Además, se pidió la presencia permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación del Atlántico y a la Consejería para los Derechos Humanos con el fin de adelantar acciones que permitan la prevención del reclutamiento y la utilización de menores con fines delictivos.

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