El pasado lunes la Corte Suprema de Justicia publicó una resolución en la que se declara como “bien de interés cultural” el crucifijo de esta entidad, que sobrevivió a la Toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y a su posterior recuperación a manos del Ejército Nacional en un operativo “a sangre y fuego” que tuvo como consecuencia la destrucción de la edificación.
De acuerdo con los argumentos expresados por la Corte en su resolución, se destaca más su importancia como símbolo para recordar a las víctimas del episodio que su carácter religioso:
“La Dirección de Patrimonio y Memoria identificó que el bien mueble denominado Cristo del Palacio de Justicia (...), posee más allá de su valor como reliquia, es un testimonio de los hechos ocurridos en el denominado holocausto del Palacio de Justicia ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, pues muestra las huellas del horror, de la violencia desmedida; siendo además evidencia de superación, reconciliación y supervivencia de las instituciones del Estado. Más que una connotación religiosa, el Cristo es un símbolo que ha cobrado un sentido de memoria como homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Estos valores le confieren una importancia histórica, estética y simbólica en el ámbito de la memoria histórica del conflicto en Colombia”.
La norma también establece que su cuidado y mantenimiento deben ser acordes con lo que representa a los ojos de la Corte y, por extensión, para el país en términos de establecer una memoria histórica alrededor de la Toma del Palacio de Justicia, también denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” por parte del grupo guerrillero:
“Realizar el mantenimiento adecuado y periódico del bien con el fin de asegurar su conservación. Asegurar que el bien cuente con un uso que no represente riesgo o limitación para su conservación ni vaya en detrimento de sus valores. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y la sostenibilidad del bien. Solicitar la autorización de intervención ante la autoridad competente que haya efectuado la declaratoria en caso de que el bien presente afectaciones directas, es decir, cuando se requiera de intervenciones que impliquen una modificación sustancial”.
La historia del crucifijo del Palacio de Justicia
Cuando este crucifijo fue colocado en la sala de audiencia de la Corte Suprema en 1983, nadie se imaginó que sería testigo tan solo dos años después de uno de los momentos coyunturales en la historia de Colombia.
El 6 de noviembre de 1985 un comando de 35 guerrilleros del M-19 descendió de tres vehículos y se tomó el Palacio de Justicia, mientras los magistrados se encontraban debatiendo el tratado de extradición con los Estados Unidos para los capos de la droga, con el fin de llevar a un juicio público al presidente Belisario Betancourt en el marcó de las negociaciones que se adelantaban entre ambas partes desde 1983. La toma duró 28 horas en la que 300 personas fueron apresadas.
El Ejército recuperó la edificación en un operativo de retoma que dejó 94 muertos (incluidos 11 magistrados de la Corte), decenas de heridos y 11 desaparecidos, quienes en su mayoría eran empleados de la cafetería y visitantes. Asimismo, la retoma comprometió la integridad del Palacio de Justicia, el cual terminó parcialmente destruido, llevando a su demolición para construir la actual edificación, nombrada Alfonso Reyes Echandía, en memoria del magistrado que murió asesinado durante la retoma del Palacio y pidió al Gobierno un cese al fuego que se difundió a través de los medios de comunicación.
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró en 2014 que el Estado colombiano era responsable de “ciertas violaciones de derechos humanos” durante el operativo para recuperar el Palacio.
Solo uno de los magistrados, Hernando Baquero Borda, sobrevivió a la toma. Él fue quien rescató el Cristo de la sala de audiencias y logró conservarlo para luego devolverlo a la Corte para que dispusiera de él. Se sabe que el crucifijo resultó quemado en más del 60% durante los acontecimientos. Presentó quemaduras especialmente notorias en el costado izquierdo y aún ahora son evidentes los daños en su rostro, manos, torso y espalda.
Ocho meses después de la toma, Baquero Borda fue asesinado por sicarios al servicio de Pablo Escobar, puesto que era uno de los ponentes que defendía la firma del tratado de extradición.
Es por ello que el próximo jueves 3 de noviembre será firmada, en una sesión solemne, la resolución con la asistencia de la familia del magistrado Baquero. Este acontecimiento tendrá una carga simbólica importante, pues será el Gobierno de Gustavo Petro, antiguo militante del M-19, el encargado de liderar la ceremonia.
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