Colombia se ubicó en el puesto número 10 de 22 países en el ranking de libertad de prensa en las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Aunque mejoró dos puntos, en el análisis se destacaron situaciones que vulneran ese derecho y el trabajo de informar; tanto amenazas, violencia, como mensajes estigmatizantes por parte de funcionarios públicos como el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín Daniel Quintero.
La SIP detalló el homicidio de tres periodistas ocurridos este año en el país. Una situación que ubicó a Colombia en el segundo lugar con más asesinatos a comunicadores en la región, compartido con Haití, después de México donde se registraron 11. Además, alertó de la impunidad de tres casos que ya no podrán ser condenados.
“Varios casos de periodistas asesinados prescribieron en este período. Walter López y Héctor Sandoval, ocurrido en Cali el 12 de abril del 2002; Víctor Ómar Acosta, asesinado el 20 de mayo del 2002, en Yumbo, y Mario Prada Díaz, cuyo homicidio ocurrió el 12 de julio del 2002, en Sabana de Torres. El estado de estos procesos es de total impunidad”, sostuvo la SIP.
Uno de ellos fue el de Rafael Emiro Moreno Garavito, director del medio digital Voces de Córdoba, quien por múltiples amenazas en su contra desde el 2019 tenía asignado un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Fue asesinado el 16 de octubre en Montelíbano, al parecer para acallar sus múltiples denuncias de corrupción y contra grupos ilegales. La SIP solicitó una pronta respuesta de la Fiscalía respecto al caso y los autores del crimen.
Los otros dos casos corresponden al homicidio de Leiner Montero y Dilia Contreras, quienes fueron asesinados el 28 de agosto en Fundación. La Fiscalía ordenó la detención de un hombre, señalado de ser el autor material del doble homicidio y quien había sostenido un altercado con Montero unas horas antes.
Otros de los casos que alertan sobre el ejercicio de la prensa fue la campaña presidencial. De acuerdo con la SIP, durante la segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández la Misión de Observación Electoral (MOE), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación de Medios de Información (AMI) expresaron su preocupación ante la manipulación de los mensajes y el nivel de agresividad contra los medios de comunicación.
“El contenido de esos mensajes para desprestigiar la labor de la prensa y asociar a un sector de ella con ideologías extremas, tuvo el potencial de incitar a la violencia contra los medios y sus integrantes”, señaló la organización en su informe. “Las asociaciones defensoras de la libertad de expresión y prensa recordaron que las figuras políticas, entre ellas funcionarios y candidatos, deben mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas”, agregó.
En este sentido, mencionó el caso del diario El Colombiano, de Antioquia, que ha sido cuestionado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y funcionarios de su gobierno en relación con investigaciones periodísticas que están relacionadas con su administración.
“A través de redes sociales, el mandatario local y algunos funcionarios instigaron y realizaron campañas de descrédito y desprestigio en contra de la credibilidad del medio y su directora, lo que desembocó en violencia en línea por parte de seguidores del alcalde. Asimismo, el diario denunció que esas autoridades cometieron acciones de acoso judicial y retraso y evasión de información”, dio a conocer la SIP.
En cuanto al presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico, su coalición de gobierno, la SIP reiteró el llamado que había hecho la Fundación para la Libertad de Prensa que señaló que desde el gobierno habían promovido mensajes estigmatizantes en contra de la revista Semana, su directora y miembros de su equipo periodístico.
La SIP conoció la denuncia de ocho periodistas sobre los obstáculos para recibir información de la Fiscalía. Así como de 15 medios locales y regionales que debieron salir de emisión en el mes de mayo por las amenazas del Clan del Golfo en medio del paro armado.
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