Dos exmiembros del DAS eran miembros de una red de tráfico de migrantes en Colombia

Una joven venezolana viajó de Cartagena a México con una red de tráfico de migrantes que le había suministrado una prórroga falsa en su pasaporte, pero al llegar al país centroamericano fue descubierta, deportada a Colombia y luego expulsada del país. La falsificación, al parecer, la había firmado Rafael Púa Ríos, un funcionario de Migración Colombia y quien fue miembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Púa Ríos fue capturado por la Fiscalía que lo acusa de formar parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de migrantes, incluso dentro de la misma autoridad encargada de controlar ese fenómeno en el país. Trabajaría en conjunto con el presuntamente principal articulador, Rolando Iglesias Sanjuan, quien también trabajaba en Migración Colombia.

Ambos comparten la experiencia de haber sido parte del cuestionado DAS y salieron de la entidad en el 2011, año en que se liquidó ese departamento que se había vuelto insostenible por los múltiples escándalos de corrupción, persecución y espionaje ilegal.

Púa Ríos, oriundo de Soledad (Atlántico), es administrador de empresas y profesional en negocios internacionales. Ingresó al Fondo Rotatorio del DAS en 2006 y estuvo vinculado hasta el 31 de diciembre de 2011, dos meses después de la liquidación del departamento. Al día siguiente, es decir el 1 de enero de 2012, firmó contrato con Migración Colombia hasta el pasado 5 de octubre cuando fue capturado por la Fiscalía como presunto miembro de una red criminal de tráfico de migrantes.

Curiosamente, en 2015 Rafael Púa demandó a Migración Colombia por más de 28 millones de pesos, alegando que no se le habían reconocido recargos dominicales, festivos, nocturnos y compensatorios. Para esa fecha, trabajó en el puesto de Paraguachón.

En sus redes sociales mezclaba fotografías con armas, recuerdos de su antiguo trabajo portando un fusil y el chaleco de Migración. En este último trabajo era el encargado del filtro del aeropuerto Ernesto Cortizzos, de Barranquilla, uno de los puntos junto a la terminal aérea Rafael Núñez de Cartagena a donde eran enviados los migrantes irregulares desde Paraguachón, donde estaba ubicado Sanjuan, para recibir los documentos falsos.

De acuerdo con la Fiscalía, los extranjeros recibían documentos de identidad o prórrogas a sus pasaportes, para con otras maniobras ilícitas, garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con destino final a países de Suramérica, Estados Unidos o Europa. Estos últimos destinos, según conoció el diario El Tiempo por un investigador, eran destinos VIP de la red.

Pero no todos los casos terminaron con éxito. La Fiscalía relaciona a los funcionarios con al menos cuatro casos, entre ellos el bus con migrantes que partió de Valledupar a Guayaquil en febrero pasado, que terminó accidentado por fallas mecánicas en Ipiales y causó la muerte de cinco extranjeros, entre ellos un menor de edad y 24 personas heridas.

Así mismo, una familia de venezolanos que fue retenida en septiembre de 2021 en el aeropuerto de Cartagena con prórrogas falsas en los pasaportes antes de abordar un avión hacia México. O el caso de cuatro dominicanos, en agosto del año pasado, que tenían registros civiles colombianos, falsos.

Rolando Iglesias Sanjuan, quien es señalado articulador y trabajó para Migración Colombia, aceptó los cargos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público, según el ente acusador. Él, de acuerdo con el diario El Tiempo, también fue miembro del DAS.

Según conoció el diario citado, Iglesias Sanjuan es oriundo de Ciénaga, Magdalena. Estuvo vinculado hasta el 2011 con el DAS, pero en lugar de salir por liquidación, habría sido suspendido por un informe de inteligencia que lo vinculaba con actuaciones irregulares. Sin embargo, habría logrado ser restituido, pero no conoció las razones de ese informe.

Ambos se encuentran privados de la libertad en sus respectivas residencias, junto a otras seis personas señaladas de pertenecer a la red criminal que se dedicaban a coordinar transporte terrestre o aéreo, ofrecer hospedaje, alimentación y toda la logística a los migrantes que adquirían los planes con la esperanza de tener una ruta segura para instalarse en otro país.

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