Un desafortunado hecho de violencia se conoció este fin de semana, tras las protestas que se llevaron a cabo el pasado viernes 28 de octubre, en las inmediaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, en el centro geográfico de Bogotá, donde un encapuchado es víctima de un artefacto explosivo con el que, al parecer, iba a atentar en contra de un policía que se encontraba intentado controlar los disturbios que ocurrieron ese día, y donde los asistentes exigían la libertad de los señalados integrantes de la primera línea.
De lo ocurrido comenzó a circular en redes sociales un video en el que se evidencia como el señalado vándalo intenta atacar a un uniformado que se movilizaba en una motocicleta de esa institución, en una de las vías vehículares aledañas a la sede del organismo investigador, y justo cuando le iba a lanzar el elemento, el mismo se le detona dentro de la prenda que llevaba puesta ese día, para su mala suerte.
Una vez ocurre el hecho de vandalismo, el hombre llega rengueando hasta el andén y allí se escucha los gritos de angustia de otros manifestantes, que aparentemente, intentan auxiliarlo, y así concluye el registro audiovisual.
Por este hecho no hubo un pronunciamiento oficial de las autoridades, así como se desconoce qué pasó con el señalado agresor del policía.
Se debe recordar que el pasado viernes se habían convocado protestas en la Fiscalía para solicitar la liberación de personas que fueron judicializadas en 2021 también por hechos de vandalismo y otros delitos durante las manifestaciones del paro en contra del entonces gobierno de Iván Duque.
A corte de septiembre la Fiscalía reportó 33 casos activos contra los denominados grupos de primera línea, en los que se han imputado 168 personas. La mayoría están en etapa de investigación y 10 pasaron a juicio. En algunos casos el ente acusador los ha imputado por daño a bien público o privado, obstrucción en las vías y hasta terrorismo.
El Congreso negó recientemente conceder indulto a estas personas que son señaladas de estar involucradas en hechos de violencia. Desde el opositor partido Centro Democrático se criticó la propuesta por considerarla una puerta a la “impunidad”.
(Con información de AP)
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