Víctimas del conflicto armado con discapacidad piden atención integral del Estado

En las últimas horas, en Bogotá, se reunieron los 33 delegados departamentales de víctimas del conflicto armado con discapacidad en donde pidieron la actuación en la atención por parte del Estado colombiano para ver resueltas sus demandas en los próximos cuatro años.

En el encuentro organizado por la Unidad para las Víctimas los voceros de las víctimas de este hecho formularon reclamos en torno a temas que históricamente no se han resuelto y que esperan se logren con las políticas del nuevo Gobierno nacional, como la certificación de discapacidad, Sisbén IV, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, indemnización administrativa y Sistema Nacional de Discapacidad.

Sobre lo anterior, los 33 delegados departamentales por este enfoque coincidieron en que “debe revisarse por qué las víctimas que sufrieron su incapacidad en el marco del conflicto armado no son cobijadas por todos los programas del Gobierno nacional”.

Insisten en que la atención psicosocial es limitada, la focalización y caracterización insuficientes en muchas regiones del país y la inclusión en espacios laborales casi inexistente.

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“Lograr la certificación de discapacidad es un proceso muy complicado”, señalaron los asistentes del encuentro, también hablaron de la necesidad de actualizar el formulario en el que catalogan la discapacidad como “accidente común” y no como un atentado con ocasión del conflicto armado.

Respecto a este punto, indicaron que el Ministerio de Trabajo no acepta la discapacidad para definir acciones concretas. “Persisten las barreras”, agregaron, y propusieron que el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas sea con Enfoque Diferencial, que se agilicen los trámites y que la indemnización administrativa para esta población sea revisada de manera minuciosa, porque ahora se encuentra en contravía de sus derechos.

Se calcula que en Colombia existen más de tres millones de personas con discapacidad, lo que implica que se deben tener en cuenta sus habilidades y capacidades diversas a la hora de brindar una atención oportuna. De ellas, 191.152 han sufrido uno o más hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno, según las cifras del Registro Único de Víctimas.

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Los departamentos con mayor número de víctimas con algún tipo de discapacidad registradas son Antioquia (49.685), Nariño (14.932), Bolívar (11.516), Cauca (10.452) y Magdalena (9.855).

Los hechos victimizantes que más afectan a esta población son: desplazamiento forzado, con 166.855 personas y equivalente al 71,8 %; homicidio (19.870), que corresponde al 8,54 %; amenaza (17.276), con el 7,43 %; y acto terrorista o atentados (10.234), que supone el 4,4 %.

Según Naciones Unidas, esta población enfrenta barreras de manera que “no disfrutan del acceso a la sociedad de igual forma que otros, incluido en áreas como el transporte, el empleo, la educación y la vida política y social. El derecho a participar en la actividad pública es esencial para crear democracias estables, para una ciudadanía activa y para reducir las desigualdades sociales”.

Finalmente, los delegados de este grupo poblacional insistieron en la necesidad de tener voz y voto y entrada directa al Sistema Nacional de Discapacidad y, además, en el cambio de la metodología de medición del Sisbén IV a la que catalogan como arbitraria. “Estamos envejeciendo, necesitamos mínimos vitales, fuimos afectados por la pandemia. La Paz Total también empieza por atender todas nuestras necesidades”, dijeron.

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