Una de las principales tareas que adelantó el Gobierno Nacional, luego de asumir cargos desde el 7 de agosto, fue radicar la reforma tributaria ante el Congreso de la República, acto que se dio al siguiente día hábil de la transferencia de mando. Desde entonces, ha iniciado un proceso de socialización del proyecto con las diferentes bancadas para contar con la mayoría del congreso, con el propósito de contar con las mayorías suficientes que den garantías de su aprobación.
Uno de los últimos logros para las bancadas que establecieron líneas rojas para entregar su visto bueno fue la confirmación, de parte del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de que las zonas francas estarán gravadas con un impuesto ponderado, pero que tendrá una diferenciación de la comercialización interna y externa. Decisión que flexibilizó el régimen tributario para las empresas del país.
“El 20 por ciento sobre las ventas en el exterior y el 35 por ciento sobre las ventas en el mercado interno. Hay unas excepciones que son productos energéticos que se vendan al mercado interno que quedó con el 20 por ciento, que son las zonas francas offshore de gas, Reficar y biocombustibles”, aseguró el ministro José Antonio Ocampo.
Este importante anuncio, no solo para el sector empresarial, sino para el régimen tributario que se establecerá con la eventual aprobación de este proyecto de ley, se da en el marco de otros cambios que, aseguró el gobierno, se van a realizar respecto al documento original.
El proyecto de ley inicial incluía un sistema tarifario con el que se pretendía gravar de manera especial a las profesiones liberales, personas que ofrecen servicios de consultoría. Sin embargo, varias colectividades habían manifestado su oposición a esta propuesta que se incluía en la reforma tributaria.
Este fue un punto de diálogo que el Gobierno adelantó con diferentes bancadas para, finalmente, decidir que las profesiones liberales permanecerán en el régimen simple, toda vez que sus ingresos no superen los 500 millones de pesos al año.
Paralelo a este anuncio, se conoció también que las donaciones que se realicen a los bancos de alimentos y a las entidades sin ánimo de lucro permanecerán protegidas.
De igual forma, otro punto que ha reflejado una preocupación para un amplio sector, mientras que figura el apoyo para algunos miembros del gobierno, tiene que ver con el artículo 72 de la reforma tributaria.
Este expresa que los centros de culto, rito o religiosos que ejerzan actividades por fuera de los asuntos de la fe deben pagar un impuesto. Esta iniciativa de la reforma tributaria contó con el apoyo del Pacto Histórico y de miembros del partido Alianza Verde, mientras que generó rechazo en las colectividades del Partido de la U, Conservador, Liberal y Centro Democrático.
Al respecto, la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro para reflejar su rechazo a este tributo.
“Imponer impuestos a las iglesias colombianas sería desconocer el enorme trabajo social que realizan y poner en riesgo las ayudas que reciben miles de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad”, expresó Dilian Francisca Toro.
Igualmente, el pasado jueves, el Gobierno Nacional confirmó que este no se van a gravar los recursos de las iglesias que tengan fines sociales o actividades que estén dentro de las actividades de culto, rito o religión.
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