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En medio de un debate de control político, la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas Ubate, nuevamente hizo denuncias sobre un supuesto vencimiento de un contrato, por parte de la Secretaría de Integración Social, que brindaba servicios de transporte a los habitantes de calle. No ha sido la primera queja en contra de esta dependencia, pues en reiteradas ocasiones, se han presentado casos de supuestas demoras en pagos y responsabilidades, además de acoso laboral.
La más reciente denuncia hace referencia al contrato de servicio de transporte SDIS - SABP -002 - 2022, pactado por un valor de 13 mil 500 millones de pesos, adjudicado a la unión temporal KBE, que, al parecer, desde marzo tenía que haberse hecho el proceso de renovación.
“Sigue Integración Social al garete, aquí nos hemos hecho los ciegos, los sordos y los mudos frente a la crisis que está pasando en Integración Social, la última perla es que desde ayer no hay transporte en la Secretaría de Integración Social, (en el centro Oasis) un centro de habitantes de calle, estas personas tuvieron que llegar a pie porque no hay rutas; se acabó el transporte, eso es un contrato que había desde marzo por monto agotable de 13.500 millones de pesos, con la unión temporal KV - E, si hay un problema estructural en la secretaría de Integración Social”, declaró la cabildante en el debate.
El dilema es que en repetidas ocasiones, varios funcionarios han denunciado irregularidades que han costado los servicios de atención en esta secretaría, por tomar referencia, se suspendieron por semanas algunas clases en jardines infantiles, o familias vulnerables se quedaron sin los servicios de alimentación que se brindan en los comedores comunitarios.
En diálogo con El Espectador, la secretaría afirmó que el contrato en cuestión está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, no obstante, puede terminarse antes si los recursos de los que es objeto se terminan, a pesar de esto, ya se encuentran en el proceso de renovación del mismo.
“De igual forma se informa que la Secretaría se encuentra adelantando un nuevo proceso contractual con el fin de dar la continuidad de este tipo de servicios para cumplir con su misionalidad”.
Pero, la concejal increpó a otros funcionarios del distrito, reseñando que a pesar de las evidencias presentadas, ninguna entidad o autoridad ha hecho nada para solucionar esa problemática:
“Hubo comedores comunitarios cerrados este año, la licitación empezó tarde, bonos canjeables que la gente no tuvo, centros de adulto mayor cerrados, jardines infantiles cerrados; es muy grave lo que está pasando en la ciudad y como si no pasará nada, ni Contraloría, ni Personería, ni el gobierno hace una autocrítica; no hay transporte y no sé si les importa, pero todo el año ha tenido problemas de planeación la Secretaría de Integración Social, nuestro equipo están los diferentes puntos y aquí tengo la carta donde le dicen a la unión temporal que se termina el día 26 de octubre el transporte en la ciudad, falta de planeación, y pido un informe urgente. No es posible que los organismos de control no se estén dando cuenta de lo que está pasando en la Secretaría Integración Social”.
En varias ocasiones se ha encontrado que efectivamente el distrito ha cancelado estos contratos, y aunque se aseguró que se le brindó un cupo de endeudamiento, por más de 280 mil millones de pesos, algunos de estos servicios siguen presentando intermitencia. De hecho, a mediados de este año se registraron manifestaciones que pedían la reanudación de los mismos.
“Lo que vemos es una falta de planeación muy grave. La Secretaría ha dicho que no hay recursos, pero recursos sí tienen. El presupuesto que ellos hicieron se aprobó por parte de la Administración Distrital; se le aprobaron recursos para rescate social y se le aprobaron recursos en el cupo de endeudamiento por cerca de $287 mil millones. Así que no entendemos por qué esa es la respuesta del Distrito”, declaró Bastidas en El Nuevo Siglo.
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