Este jueves 27 de octubre, la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —USAID— y la ONG Caribe Afirmativo, entregaron un fallo que contiene un protocolo especial para el tratamiento de casos relacionados con violencias en contra de la comunidad LGBT+ en el país.
El primer objetivo de esta guía se centra en que los casos de agresiones basadas en la identidad de género u orientación sexual de las víctimas sean abordados por los fiscales con un enfoque diferencial y sin prejuicios. Al respecto, la Fiscalía indicó que han hecho avances en el esclarecimiento de casos en los que personas de esta comunidad han sufrido agresiones.
“La única manera de hacer la paz es a través del reconocimiento del otro, y de la inclusión. La paz hay que materializarse; ¿cómo? Hay un hecho violento y tenemos que aplicar estos estándares para que los fiscales que tengan estos casos entiendan, en un grupo especial, cómo se hace una investigación”, manifestó el fiscal general Francisco Barbosa en el acto de entrega de dicha resolución. Asimismo, indicó que el protocolo para el esclarecimiento de esos casos incluye un acompañamiento permanente con los integrantes de la comunidad LGBT+ afectados.
Dicha guía obedece a las necesidades de aplicar un enfoque especial al abordaje de procesos donde personas de este grupo poblacional son violentadas, pues de enero a octubre de este año, se tienen registros de 111 feminicidios y homicidios cometidos contra personas identificadas como lesbianas, gais, transexuales, queer, bisexuales y demás identidades.
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La guía está estructurada en cinco secciones: la primera se centra en explicar las definiciones generales para entender cuáles elementos están asociados a la orientación sexual e identidad de género. En la segunda, están inmersas las obligaciones que tiene el Estado sobre las personas con determinada orientación sexual e identidad de género —Osig—. En este punto, son recalcados el derecho a la no discriminación y a la igualdad, así como el deber institucional de investigar y penalizar las conductas violentas cometidas contra esta comunidad.
La tercera sección va compuesta con una serie de buenas prácticas para el abordaje de estos casos, así como la investigación y judicialización de los mismos. La cuarta guarda relación con la anterior, pues expone las medidas que se deben tomar al momento de la imputación de las formas de violencia ejercidas contra integrantes LGBT+.
Finalmente, la quinta precisa algunas consideraciones para los funcionarios de la Fiscalía sobre el reconocimiento de la orientación sexual e identidad de género a la hora de atender a víctimas. Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, esta guía es un paso fundamental para la garantía de derechos de las personas con determinada orientación sexual.
“Hoy nuevamente queremos depositar la esperanza de que en Colombia es posible una vida plena y en paz para las personas LGBTI”, destacó el también politólogo en el acto de presentación de dicha resolución. Asimismo, hizo un llamado para que el documento sea tenido en cuenta con el ánimo de desnaturalizar las violencias contra integrantes de esta comunidad, pues no basta solamente con el rechazo.
“Que estas violencias sean rechazadas, cuestionadas, investigadas, judicializadas, pero sobre todo, prevenidas, y que las personas LGBTIQ+ sientan que sus vidas sean protegidas y sus derechos son resguardados”, enfatizó Castañeda.
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