En el período de sesiones ordinarias, la Comisión Interearicana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una audiencia sobre la implementación de medidas cautelares para líderes sociales en Colombia. Se logró que el organismo pretenda crear un protocolo de protección para defensores y otros grupos que se enfoquen a resguardar toda instancia social en el país.
De esta manera, la sociedad civil como organizaciones de Derechos Humanos recomendó implementar esas medidas por medio de seis conceptos claves, que resaltan actualmente por la situación actual que enfrenta Colombia en cuánto a la protección a líderes sociales.
Según cifras reveladas luego de la implementación del Acuerdo de Paz, más de 970 líderes sociales han sido asesinados, de los que se conoce que 250 son indígenas y 71 afrodescendientes.
Es por esto que, se sugirió al Estado Colombiano revaluar el riesgo que por muchos años ha determinado la CIDH. Además la Unidad Nacional de Protección (UNP) no tiene la obligación de modificar unilateralmente las medidas ni evaluar con cáracter de riesgo ordinario.
Asimismo, se pretende que los esquemas de protección puedan estar conformados por grupos que brinden confianza, para que el accionar de la Fiscalía General de la Nación, tengo un rol activo en el que produzcan informes einvestigaciones para identificar patrones y modus operandi.
Vale recordar que, no cesa el exterminio de líderes sociales en Colombia, y aunque en septiembre se vislumbró una pequeña esperanza luego de que solo registraran ocho homicidios de estas personas que trabajan por sus comunidades o los derechos humanos, en lo que va corrido de octubre ya se superó esa cifra y se llega a nueve crímenes tras confirmarse la muerte de otros dos líderes sociales a inicios de octubre.
Indepaz (Insituto de Estudios para el Desarrrollo y la Paz) informó que se trataba de Gerardo Pai Nastacuas, quien falleció en Tumaco (Nariño), y Silvio Landazury Castillo, a quien ultimaron en Mocoa (Putumayo).
Desde Medellín, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, llamó la atención de gobernadores, alcaldes y miembros de la fuerza pública del Bajo Cauca Antioqueño sobre el deber que tienen de cumplir con los planes de prevención y protección de líderes, lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, e hizo extensivo a las autoridades gubernamentales de todo el país el anuncio de que la Procuraduría verificará rigurosamente su cumplimiento.
Desde la capital de Antioquia la funcionaria recalcó que “las rutas de prevención y protección no pueden equivaler a un simple formalismo, su ejecución debe verse reflejada en acciones dirigidas a un resultado claro y concreto, no más homicidios ni persecuciones”, aseguró la jefe del Ministerio Público durante el Espacio Regional para la Promoción de los Derechos de Líderes y Lideresas Sociales, capítulo Bajo Cauca antioqueño.
Tres días después del deceso del líder indígena, un hombre armado, que se movilizaba en una motocicleta, asesinó a Silvio Landazury Castillo tras interceptarlo en la inspección de Puerto Limón, en la vereda Villa Nueva, en zona rural de Mocoa, señalaron en Indepaz. El líder social formaba parte del Consejo Comunitario de la población en la que fue ultimado.
De esta manera se llegó a la escabrosa cifra de nueve homicidios de estas personas que se destacan por el trabajo por sus comunidades en el país luego de que el pasado 1° de octubre fuera asesinado Natanael Díaz Iriarte, excandidato al Concejo de Magangué (Bolívar).
Posterior a este homicidio se conoció el de Juan Gabriel Rueda, un líder social que pertenecía al Pacto Histórico y que realizó proselitismo a favor de la campaña presidencial de Petro en Salgar.
De hecho el propio jefe de Estado confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter y pidió celeridad a las autoridades para esclarecer el crimen.
A ellos le siguió Carlos Julio Silva Borja, concejal de Remolino (Magdalena) quien fue ultimado por sicarios cuando retornaba del corregimiento de Corral Viejo al casco urbano de la mencionada población, el pasado jueves 6 de octubre.
Ese mismo día, pero en Santander de Quilichao (Cauca), en inmediaciones de la vereda Taminango, en zona rural de ese municipio fue ultimado por hombres armados Edinson Murillo Ararat, quien era un reconocido líder social, miembro de la Guardia Cimarrona y también hacía parte del Concejo Comunitario de Cuenca ubicado en el norte del departamento.
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