El proyecto que crea las herramientas para la política de paz total del gobierno nacional concluyó los debates en el Congreso de la República. Ahora pasará a la conciliación de los textos que fueron aprobados en el Senado y la Cámara para definir cuáles artículos se mantendrán finalmente en la prórroga a la Ley 418, que permitirá emprender diálogos de paz y ofertas de sometimiento a grupos delincuenciales, entre otros cambios en la seguridad.
El proyecto aprobado en la Cámara de Representantes concluyó los debates del 25 y 26 de octubre con 20 artículos en total. Esta prórroga establece la seguridad humana que consiste en “proteger a personas, la naturaleza y los seres sintientes”, no solo con presencia militar sino también con “políticas sociales, medioambientales, económicas, militares y culturales que en su conjunto brinden al ser humano”.
En la norma se establecer que es una política de paz del Estado, lo que busca que no cambie dependiendo del gobierno de turno. “La política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, dice el artículo 3.
La Cámara de Representantes le dio vía a los procesos de negociación con grupos armados y el sometimiento para estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que deberá reglamentar las condiciones para la entrega a la justicia de sus miembros. Sobre este, el gobierno había acordado presentar un proyecto de ley en el Congreso.
Esta norma le permitirá al Gobierno nacional realizar diálogo con estructuras de crimen organizado que se definan como de crimen de alto impacto para su sometimiento, así como con grupos armados al margen de la ley. Así mismo se aprobó la posibilidad de llegar a acuerdos parciales cumplidos de buena fe, principalmente para la protección de la población civil, los cuales también deberán ser política de Estado.
“El Presidente de la República podrá constituir Regiones de Paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz. Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”, dice el artículo 7 del texto.
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En la participación efectiva de la sociedad civil en los diálogos de paz, se estableció que deben garantizarse enfoques étnicos, participativo de género, ambiental, y se incluyó la libertad religiosa y diferencial bajo el principio de la centralidad de las víctimas como ejes transversales a los acuerdos.
Uno de los puntos centrales en diferencia con el texto aprobado en el Senado es el servicio social para la paz. Este se contempló en los artículos 10 y 11 del proyecto, el primero de ellos votado a favor sin modificaciones y el segundo con una proposición del representante Duvalier Sánchez, aceptada por el Ministro de Defensa, para aumentar en un 50 % la remuneración de los jóvenes que presten el servicio militar o su complementario. Se espera que sea en la conciliación cuando se defina cómo quedará este punto que negó el Senado.
En la Cámara de Representantes se aprobaron artículos nuevos como la priorización de planes territoriales de desminado humanitario y que los grupos armados en acuerdos de paz ayuden a la identificación de áreas que tienen munición sin explotar.
La representante Julia Miranda logró la aprobación de un artículo nuevo que denominó “paz con la naturaleza”. “La paz total como política de Estado deberá comprender la paz con la naturaleza. Los acuerdos de paz o términos de sometimiento a la justicia podrán contener, como medida de reparación, la reconciliación con la naturaleza”, dice el texto de su proposición aprobada.
Otras de las adiciones al texto fue un artículo nuevo que establece que la publicación de documentos en fases precontractual, contractual y poscontractual que se realicen en el marco de la negociación o implementación de los acuerdos de paz pactados, con independencia del régimen de contratación. Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación realizarán especial vigilancia sobre los recursos involucrados.
“Aprobamos este Proyecto de Ley de Paz Total, dando todas las garantías a la oposición y habiendo realizado un arduo trabajo como Bancada del Pacto Histórico, pensando siempre en el beneficio de la ciudadanía, de los jóvenes, a quienes no queremos ver más en la guerra, sino trabajando por la paz, pensando en las comunidades de los territorios más alejados, que son los más afectados por la violencia entre los grupos armados. Solo resta que logremos conciliar pronto con Senado, para que el Presidente Petro y el conjunto de entidades que trabajan en pro de la paz, tengan las herramientas para hacer realidad este sueño de lograr la paz total”, sostuvo el representante Pedro Suárez a Infobae sobre la aprobación del texto.
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