Desde que se conocieron las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varias regiones del país las denuncias no se han detenido y van desde comida vencida, hasta apropiación de recursos públicos por parte de funcionarios de varias entidades del Estado.
Este jueves 27 de octubre, la Defensoría del Pueblo le presentó a la Comisión Regional de Moralización un informe en el que se relacionan las quejas más frecuentes por el mal funcionamiento de PAE en diez municipios de Cundinamarca.
En el documento se encuentran algunas recomendaciones planteadas por la entidad, entre ellas, que se tomen medidas sobre la supervisión del contrato y evaluar las tarifas y pagos que se realizan a quienes preparan los alimentos.
La Defensoría del Pueblo habría evidenciado irregularidades en los municipios de: San Juan de Río Seco, Bituima, Girardot, Villa Pinzón, El Rosal, Pandi, Cabrera, Guaduas, Pasca y Pacho.
Así mismo, el informe detalla que existen inconsistencias en la entrega de minutas, afectaciones en el manejo de la cadena de frío, alimentos en mal estado, riesgo de contaminación cruzada, falta de pago al personal y, otros casos, que vulneran la seguridad a la que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes que se benefician de este programa.
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Una de las denuncias por irregularidades con el PAE en Cundinamarca la presentó el personero de Susa, Juan Manuel Garay, el 8 de julio del presente año. Ese día visitó las instalaciones del restaurante escolar de la Institución Educativa Departamental Tisquesusa. Después del recorrido afirmó:
“Estamos viendo que las remisiones no llegan completas y que hay días en los que ni siquiera llega el mercado para atender la demanda de nuestros estudiantes”.
En su comunicado, el personero también hizo mención a las deficiencias que evidenció en la inspección que realizó: ““Remisiones incompletas, queso vencido, inoperancia por falta de mercado el día 7 de julio de 2022, menús incompletos, productos de mala calidad”.
Y le envió un mensaje a las autoridades del departamento:
“Queremos hacer la denuncia pública con el objetivo de que las autoridades que le corresponde, en este caso, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y la secretaría de Educación, conozcan la situación y lo que está pasando en nuestro municipio”, señaló.
El 17 de octubre, la Procuraduría General de la Nación también se pronunció sobre el PAE e informó que inició una investigación en contra de Diana Colombia Castro, en La Ceja, Antioquia, que sería la supervisora del contrato suscrito con la Fundación Colombia un País para el Presente, por presuntas irregularidades en el contrato de operación del PAE por un valor de $2.277′528.093.
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Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), las raciones de alimentos distribuidas por el contratista contenían carne de caballo doméstico de sexo hembra.
En el informe presentado este jueves por la Defensoría del Pueblo también hay un llamado urgente de la entidad a las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias “teniendo en cuenta que eso afecta a grupos esencialmente vulnerables y sujetos de especial protección”.
La comisión que realizó el informe está integrada por la Contraloría, la Procuraduría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Apercundi y veedurías. Entre las tareas planteadas quedó realizar un seguimiento en tiempo real entre las raciones proyectadas y las administradas en el Programa de Alimentación Escolar.
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