Unos graves errores se habrían cometido cuando se recolectó el material probatorio en contra de un grupo de 10 jóvenes que son señalados de pertenecer a la primera línea y cometer varios delitos durante el estallido social en el paro nacional de 2021 en Bogotá.
En el periódico El Tiempo revelaron que la Fiscalía inició dicho proceso judicial basándose en seis videos, que no aparecen, y 900 interceptaciones telefónicas, así como la transcripción de una entrevista a un agente encubierto que el mismo organismo investigador admite que no se registró.
“La Fiscalía nos indica que la transcripción al parecer no es tan fiel y que las transliteraciones que se mencionan en las pruebas corresponden a otra información aportada como prueba, pero no a las de las entrevistas de la fuente humana que luego se acreditó como agente encubierto”, citaron en el diario bogotano de las declaraciones de Juan Sebastián Rondón, abogado de uno de los jóvenes judicializados.
En ese medio de comunicación explicaron que se trata de material probatorio en audio que se realizó en cuatro sesiones a la declaración de una fuente humana que era, según la Fiscalía, un infiltrado dentro del señalado grupo de choque en las manifestaciones.
La suspicacia radica, reseñaron en El Tiempo, ya que aunque las diligencias se realizaron en presencia del fiscal que lleva el proceso, nunca verificaron si se grabaron.
Las presuntas inconsistencias en la investigación han tenido como consecuencia que los escritos de acusación en contra de los procesados los hayan tenido que cambiar en varias ocasiones, por lo que los padres de los implicados afirman que se trata de montajes.
“Mi hija es un falso positivo judicial, la quieren hacer pasar como una tal Nena pero ella no es. Ella no estaba allá y la Fiscalía no ha podido mostrar que la de los videos es ella”, señaló la madre de una de las afectadas.
La aparente irregularidad en el proceso también provocó que hasta el mismo juez del caso le llamara la atención al representante del ente acusador durante la última audiencia del caso que se llevó a cabo el miércoles, informaron en El Tiempo.
Los delitos de los que acusan a los 10 jóvenes son vandalismo, terrorismo, fabricación y tenencia de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público e instigación a delinquir, agregaron en ese periódico.
Se debe recordar que por este tipo de casos, donde han sido privados de la libertad cientos de jóvenes en el país, los integrantes del gobierno del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, están trabajando en proyectos de ley que permita su excarcelación y hasta indultos.
De hecho, se intentó incluir en la ley de orden público dos artículos con los que se buscaba que los señalados de pertenecer a la primer línea los designaran como agentes de convivencia en futuras movilizaciones.
“Es también importante decirle a los jóvenes que así como se está buscando la reconciliación nacional, no vamos a renunciar tampoco a buscar una reconciliación del Estado colombiano con los jóvenes”, dijo el senador Iván Cepeda durante uno de los debates del mencionado proyecto.
Sin embargo, esta semana fueron derogados los incisos que le daban esas facultades al jefe de Estado para indultar a los manifestantes que están son judicializados.
Pese a esa derrota en el Legislativo, varios congresistas de la bancada de gobierno presentarán un nuevo proyecto de ley con el que se logre que le otorguen la libertad a estas personas. Alirio Uribe, José Tejada, Andrés Cancinante, Leyla Rincón son algunos de los representantes que impulsarán uno de estos proyectos.
“Estamos cumpliendo con una tarea y un compromiso y el mensaje es seguridad jurídica para quienes participaron en esos procesos de la dignidad colombiana, de la defensa de los campesinos, de la defensa de la ética”, expresó Rincón.
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