Farc realizaron secuestros con fines de esclavitud sexual y prostitución forzada, admitieron exmiembros de la guerrilla

La Procuraduría General de la Nación, bajo la delegación especial ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en el documento de observaciones sobre el Macro caso 01, obtuvo como una de las conclusiones que las Farc cometieron secuestros con fines de prostitución forzada y esclavitud sexual en el Tolima y otros departamentos bajo la instrucción del Comando Conjunto Central de las ex Farc-EP.

El Ministerio Público valoró el hecho de que algunos de los comparecientes reconocieran que se dieron casos de violencia sexual en contra de personas secuestradas, “realizando un aporte a la verdad relevante y garantizando los derechos de las víctimas”.

En particular hicieron mención de un caso de violencia sexual en el que fue víctima una mujer retenida en Planadas, Tolima. También informaron haber tenido conocimiento de casos de violencia sexual en contra de mujeres integrantes de esa guerrilla, por parte de sus compañeros y la práctica de abortos a las militantes que quedaban embarazadas. Adicionalmente, relataron casos de abuso sexual a menores de edad.

En este sentido, La Procuraduría General de la Nación, profirió que es fundamental que dentro del Macro caso 01 se adopte un enfoque de género para analizar estos casos, y que esta información sea trasladada a los demás Macro casos que puedan sancionar estos comportamientos.

La Procuraduría le indicó a la JEP que, aunque inicialmente se reconocieran sólo tres finalidades de secuestro: financiero, político o canje humanitario, y control social y territorial, el Delegado insiste en una finalidad independiente de explotación.

El Delegado del Ministerio Público explico que se han identificado al menos 6 hechos que agrupan a 21 víctimas, cuyos secuestros no tienen una finalidad que pueda subsumirse en un patrón diferente al de secuestro con fines de explotación.

En esta estructura en particular, explica la Procuraduría que este patrón involucra a 3 menores de edad y a al menos 18 personas secuestradas para la imposición de trabajos forzados, en especial transportadores que, una vez privados de la libertad, se vieron obligados a prestar sus servicios al grupo guerrillero.

Otro de los puntos sobre los que el Ministerio Público puso especial atención fue el secuestro de bebés para presionar y realizar cobros extorsivos.

“El Chivo reconoció incluso haber tenido bebés secuestrados para cobrar por su libertad. El Ministerio Público no puede dejar pasar por alto las implicaciones de esta afirmación, pues si bien queda claro que el secuestro de menores fue una conducta reiterada de esta estructura, aún persiste la duda respecto a si esto involucró propiamente a bebés o menores en la primera infancia que fueron instrumentalizados para alcanzar fines financieros, de control o de cualquier otro tipo”, relata el informe de la Procuraduría.

La Procuraduría fue enfática en entender que es importante tener en cuenta que, a menor edad de la persona privada de la libertad, mayor la lesión al bien jurídico, en la medida en la que se lesiona a una persona en formación.

Finalmente, como una de las solicitudes que se le hizo a la Jurisdicción Especial para la Paz, es que se inicien lo antes posible, los ejercicios y encuentros propios de la caracterización del daño individual y colectivo a las víctimas de estos hechos, con el acompañamiento de un componente técnico interdisciplinar que garantice la acción sin daño a efectos de orientar asertivamente las propuestas reparadoras a través de los Toar y que les corresponden a los comparecientes responsables.

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