Transición energética planteada por el gobierno Petro costaría 8.000 millones de dólares en los primeros ocho años

Una de las promesas bandera de la campaña de Gustavo Petro rumbo a la presidencia consistió en iniciar una transición energética a fin de que el país dejara de basar buena parte de su economía en las exportaciones de hidrocarburos como el petróleo. De ahí su insistencia en, por ejemplo, impulsar el sector agrícola a través de la puesta en marcha de la reforma agraria.

Sin embargo, esa ‘transición energética justa’, como la ha denominado el actual gobierno, no se ha salvado de críticas, pues desde varios sectores afirman que no se puede frenar la exploración petrolera sabiendo que en el mundo hay una alta demanda de petróleo y gas.

Más allá de eso, la administración Petro ha insistido en la necesidad de dicha transición para potenciar otras economías y hacerle frente a la emergencia climática. Por ello, recientemente ha estimado que dicho cambio de energías podría costar hasta 8.000 millones de dólares los primeros ocho años.

De acuerdo con el borrador de un documento elaborado por el Ministerio de Minas, “el aumento de la inversión pública en infraestructura no es factible en un entorno post-COVID donde los fondos disponibles son limitados y deben asignarse a la atención médica y otros sectores prioritarios”. Bajo ese panorama, hace un llamado al fortalecimiento de las alianzas público privadas para financiar fuentes de energía alternas.

“(...) Se necesitan asociaciones sólidas entre los sectores público y privado para atraer las fuentes de capital diversificadas y resistentes que hagan posible materializar las inversiones multianuales y con duración de varias décadas que requieren los sistemas energéticos”, apunta el texto de la cartera que dirige Irene Vélez.

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El ministerio contempla una entrega de 70 mil millones de dólares que le harán los fondos de inversión climática y con esto, movilizar otros 230 millones para consolidar una buena fuente de recursos para que esos proyectos empresariales y sociales involucrados en la transición energética propuesta por el gobierno.

El principal objetivo de ese dinero es que, con su inversión, el país reduzca por lo menos 100 toneladas de emisiones de carbono para 2030. Además, el documento precisa que serán apoyados los proyectos en cuatro grandes áreas: la primera está relacionada con la electrificación de los sistemas de transporte en el país a partir del respaldo a proyectos que permitan la instalación de estaciones de carga de buses y carros eléctricos, la renovación de camiones o busetas obsoletas e incluso la compra de tranvías y trenes.

Un segundo rubro es el avance de la iniciativa el gobierno llamada ‘Comunidades energéticas’, abarcando también la ejecución de proyectos de producción energética con el fin de que las familias le puedan vender dicha energía a las operadoras centrales. Se estima que aproximadamente 278.000 familias pueden beneficiarse con esta iniciativa.

El tercero es el apoyo a las nuevas tecnologías, incluyendo los proyectos de energía eólica costa afuera y los piloto de hidrógeno verde. El cuarto consiste en el apoyo de planes que permitan el almacenamiento de energía, así como la masificación de contadores inteligentes y amigables.

Si bien el texto del ministerio no ahonda en los contratos de exploración petrolera, sí reconoce que el petróleo es importante para la economía nacional y que el 76 % de la demanda interna de energía depende de los combustibles fósiles.

“El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro intensificará los esfuerzos en la transición energéticas a través de planes, programas y proyectos enfocados en el uso responsable y sostenible de los recursos renovables”, detalla el archivo. Así las cosas, Colombia guarda interés en convertirse en potencia regional del desarrollo de la economía del hidrógeno y uno de los pioneros en sustituir, de manera gradual, las exportaciones de petróleo.

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