En la tarde de este miércoles 26 de octubre se llevó a cabo el debate de aprobación del proyecto de ley de Orden Público que, entre otras disposiciones, convierte la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro en una política de Estado. Luego de más de cinco horas de intensa discusión, esta iniciativa fue aprobada con una abrumadora votación de 125 votos contra 15.
Luego de la votación, el ministro del Interior, Alfonso Prada, celebró la decisión tomada por esta corporación y agradeció a los partidos políticos que votaron a favor, especialmente el Liberal, el Conservador y el Pacto Histórico. Asimismo, mencionó que este “es un mensaje a Colombia de que la votación popular del 19 de junio que llevó a Gustavo Petro y a Francia Márquez a ser presidente y vicepresidenta con el enorme compromiso de buscar una paz integral sin exclusiones y total para Colombia, comienza a hacerse realidad”.
Vale indicar que, pese a la aprobación de la ley en ambas corporaciones, hubo artículos que fueron derogados en Cámara pero no en Senado, y viceversa. Por ejemplo, el artículo cinco, que le da vía libre al Estado colombiano para que inicie diálogos de paz con todos los grupos armados ilegales de corte político, como el ELN, y también con quienes desertaron de acuerdos alcanzados en años anteriores, incluyendo el de 2016.
En ese orden de ideas, el Gobierno nacional tiene la potestad de sentarse (nuevamente) con Iván Márquez, que traicionó lo pactado en La Habana con la antigua guerrilla; y justamente, ese tema fue uno de los que más generó controversia tanto en el debate de Senado (realizado el pasado lunes 24) como el realizado en la cámara baja.
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Bajo ese panorama, ambas corporaciones deben ir a conciliación para la puesta en marcha de este inciso. Sin embargo, en esa corporación el debate estuvo al rojo vivo debido a los reparos presentados al hecho de que disidentes de la extinta guerrilla tendrán una nueva oportunidad de negociar con el Estado.
El representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, expresó: “Me siento personalmente es por un señor que se sentó aquí atrás, que se llamaba Jesús Santrich; que me siento traicionado por esos que dejaron el proceso de paz y que no solamente me traicionaron a mí como activista, sino que traicionaron a este Congreso y a esta nación, y que nos ha costado lágrimas de sangre tener que ver a Iván Márquez, a Santrich y al Paisa de nuevo en la delincuencia” y manifestó su apoyo a la proposición de derogación que, finalmente, sí pasó.
En Senado, Humberto de la Calle también reprochó ese inciso del proyecto de acto legislativo, motivo por el cual propuso un cambio en el artículo eliminando esa opción de diálogo. Uno de los argumentos del exjefe negociador en La Habana, es que ese artículo de la Ley 418 va en sentido contrario a lo estipulado por el Acuerdo Final de Paz, el cual establece que, los integrantes de las extintas Farc que cometan delitos después de diciembre de 2015, deben ser sometidos por la justicia ordinaria, eliminando la posibilidad de ser acogidos por el sistema de justicia transicional (la JEP).
“Yo propongo un artículo explícito en el que se diga que los desertores no pueden entrar en conversaciones con el gobierno salvo para el sometimiento a la justicia por orden judicial”, dijo De La Calle, recordando en el debate del lunes 24 de octubre que Márquez incumplió el acuerdo de 2016.
Pese a los reparos, el artículo cinco pasó en Senado pero no en Cámara. Así las cosas, este y otros (como el 10, que contempla la creación del servicio social para la paz como alternativa al militar obligatorio) irán a conciliación entre ambas corporaciones antes de que la Ley 418 pase a sanción presidencial.
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