La Unión Patriótica UP, fue uno de los partidos políticos que fue violentamente atacado en la década de los ochenta y noventa por estructuras paramilitares, precisamente el Centro de Memoria Histórica indica que entre 1985 y 1993 fueron asesinados aproximadamente 1.163 integrantes, incluyendo a figuras visibles como candidatos presidenciales (Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal) y desaparecidos otros 123, en su mayor parte hombres.
A pesar de todos los años transcurrido los procesos judiciales en contra de los responsables de los asesinatos continúan en pie, una muestra de ello fue la orden de la Procuraduría General de la Nación de solicitar una condena en contra del excongresista liberal e inclusive el expresidente de la Cámara César Pérez García por el homicidio en 1988 del entonces alcalde de Remedios en Antioquia Elkin de Jesús Pérez.
La decisión fue tomada en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia donde participó una hija del fallecido alcalde quién exigió una condena para el excongresista sindicado.
Desde el Ministerio Público indicaron que la llegada a la alcaldía del político de la UP avivó el ambiente paramilitarista que se estaba generando en la región. Desde la Procuraduría General se indicó que varias amenazas que llegaron en contra del mandatario señalaban a César Pérez como el ‘gran caudillo’.
“Le decimos a nuestros hermanos del noreste que conquistaremos al región así sea a sangre y fuego, no aceptaremos alcaldes comunistas en la región”.
El delegado de la Procuraduría indicó “El homicidio de Pérez Martínez ocurrió dentro de ese contexto social, político y criminal que devino de manera sistemática en la muerte de muchos militantes de la UP a tal punto que se produjo su casi extinción, asunto que se ha conocido como el ‘Genocidio de la UP’, asunto que se encuentra pendiente de resolución de fondo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos’”.
Se debe recordar que César Pérez García, también está afrontando una condena por ser determinador en la masacre de Segovia Antioquia ocurrida en noviembre de 1988.
Es de resaltar que en anteriores procesos judiciales, concretamente el año pasado el Alto Tribunal indicó: “El homicidio, habría sido perpetrado por los grupos paramilitares a los que Pérez García pertenecía debido a la elección de Martínez Álvarez como mandatario y a su vinculación al grupo político de izquierda, colectividad que estaba disputando en la región la hegemonía política de partidos tradicionales como el del acusado Pérez García”.
Sobre más información de la UP: la Defensoría del Pueblo participó en la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica, en el evento la entidad expresó solidaridad a las víctimas sobrevivientes y a los familiares y miembros de esa organización política que fueron perseguidos sistemáticamente.
El pasado 2 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que durante el exterminio de la Unión Patriótica el estado colombiano fue “ineficiente” en investigar los hechos.
“Se alega que ciertas presuntas víctimas del caso habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado habría violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, y a la protección judicial”, advirtió la Corte.
En el evento que se realizó en Bogotá, la Defensoría del Pueblo advirtió que “es necesario que el Estado colombiano brinde todas las garantías a las víctimas de estos trágicos hechos, para que se les asegure una efectiva verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición”.
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