La ponencia de la Ley 418 fue aprobada luego de que el gobierno accediera a retirar los ‘micos’ cuestionados por la oposición y algunos miembros de la bancada oficialista relacionados con el indulto a integrantes de la ‘primera línea’ involucrados en actos delictivos durante manifestaciones y la posibilidad de que fueran gestores de convivencia.
Pese a que los indultos pueden llegar a ser un tema complejo, por lo que significa en temas jurídicos, algunos congresistas del Pacto Histórico insistirán en poder darle libertad a algunos jóvenes del grupo urbano que fueron capturados en medio de la protesta social y fueron acusados de terrorismo. Es por esto que este 25 de octubre, en la mañana, en medio de una rueda de prensa, Alirio Uribe, José Tejada, Andrés Cancinante, Leyla Rincón y otros representantes de izquierda colombiana dieron a conocer que presentarán un proyecto que buscará que a los jóvenes de la ‘primera línea’ se les dé un trato especial.
“Hoy 25 de octubre estamos cumpliendo con una tarea y un compromiso y el mensaje es seguridad jurídica para quienes participaron en esos procesos de la dignidad colombiana, de la defensa de los campesinos, de la defensa de la ética.; porque las reformas que propone el Estado deben ser para la vida, para la equidad y la igualdad. 2019, 2020 y 2021, en el marco de proyectos que se alejaban más de la realidad, hicieron que aún exponiendo la vida dentro de la pandemia saliéramos a las calles a decirle a ese gobierno que la justicia tenía que reinar. Hoy hay una deuda grande para quienes están privados de la libertad y procesados, ¿por qué? Por exigir justicia. Hoy estamos radicando el proyecto de ley para la seguridad jurídica, será especial para los que participaron en las protestas de 2019 a 2021”, anotó Leyla Rincón en el espacio.
En el espacio, los políticos anotaron, además, que se calcula que con esta ley se le podría dar libertad, al menos, a 200 jóvenes que sé en cuenta en proceso judicial y que podrían estar siendo juzgados de forma desproporcionada, como lo reportaron en su momento algunas organizaciones sociales. Además, que en el periodo del estallido social que se dio en el 2021, un promedio de 2000 jóvenes fueron detenidos de forma arbitraría.
En este sentido, hicieron un llamado a las bancadas de acompañar este proceso que pueden dar un parte de tranquilidad a los acusados y sus familias, es importante aclarar que eso propone: revisar caso a caso, aplica una sola vez y no aplica para delitos que se consideran graves o que están relacionados con la violación del Derecho Internacional Humanitario.
Entre los argumentos, los representantes que impulsarán el proyecto aseguraron que en muchos casos la Fiscalía no ha podido probar las acusaciones que se han hecho, por lo que han pedido prologas de al menos un año para levantar pruebas. Sumado a que los ha comparado con miembros de grupos armados y los han acusado de delitos relacionados con terrorismo, que dista mucho de los actos vandálicos.
“No puedo creer que el sentido común se aleje tanto de la compresión pública, que no podemos entender de que cuando yo acuso a alguien de guerrillero, de terrorista o de delincuente de máxima seguridad es porque tengo las pruebas en la mano. No puede ser que primero los agarren y después comprueben que son inocentes”, puntualizó Tejada, quien agregó que el proyecto será impulsado por 15 congresistas que creen que la persona que es acusada debe ser derrotada en juicio, como lo menciona la constitución.
SEGUIR LEYENDO
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JPBIMPQ4SZGRHEBF2TAX4Z2NZ4.jpeg 265w){kind=small}
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7LE7XOMISJEB5CLZ4FEFGAL6SU.jpg 265w){kind=small}
