Daniela Ospina Loaiza, quien fue la pareja sentimental del senador liberal Mario Castaño, aceptó dos delitos imputados por la Fiscalía en su contra, como parte de la red de corrupción conocidas como Las Marionetas, en la que el congresista direccionó contratos que involucró funcionarios, alcaldes y particulares.
El 21 de septiembre el congresista aceptó 19 delitos ante la Corte Suprema de Justicia y, ahora, quien fuera su novia, Daniela Ospina Loaiza también aceptó los cargos, según informó el ente acusador. El acuerdo debe ser presentado ante un juez de garantía que deberá pronunciarse para aceptarlo o rechazarlo.
Ospina Loaiza es psicóloga y tenía una relación de más de cinco años con Castaño, según la revista Vorágine. Trabajaba en el Senado de la República con un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual le generaba honorarios de 20 millones de pesos sin siquiera ejecutar las funciones correspondientes, según logró establecer la Fiscalía.
“El material de prueba da cuenta de que esta persona sería una de las intermediarias del congresista señalado de coordinar la red ilegal y, al parecer, administraba los dineros y cubría los pagos a los demás integrantes del entramado criminal”, sostuvo el ente acusador.
Esta mujer fue imputada por la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación, el cual aceptó durante la audiencia de imputación. Además, también manifestó su intención de reconocer el delito de concierto para delinquir que ya le había sido atribuido por el ente acusador en marzo al ser capturada.
Aceptar cargos le haría beneficiaria de una reducción de la pena hasta una tercera parte, por lo que Ospina Loaiza podría ser condenada a unos cinco años de medida de aseguramiento, si el juez acepta su reconocimiento, la cual deberá hacerse efectiva en centro carcelario, y hará el reintegro de 80 millones de pesos.
Tanto Loaiza como Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien sería la mano derecha de Castaño y se encuentra prófugo de la justicia, fueron contratados en el Senado, percibieron salarios, pero no cumplieron con sus funciones. En su lugar, sirvieron de intermediarios a la red de corrupción.
Loaiza fue contratada para hacer seguimiento a los senadores durante la pandemia de covid-19 durante el 26 de febrero y el 31 de mayo de 2021, según estableció Vorágine. El contrato tenía un valor de 15′000.000 de pesos. Para recibir el pago, como corresponde, debió presentar un informe de gestión.
Estos informes, según la Corte Suprema de Justicia fueron falsificados para cobrar el dinero. El medio citado señaló que en una interceptación, Martínez Rodríguez consulta Jorge Alberto Sabogal Tamayo para saber cómo presentar las cuentas de cobro sin haber cumplido con las funciones y concluye que debe inventarlas. Esos informes fueron firmados por Rubén Darío Iregui González, jefe de la División de Talento Humano del Senado de la República; tanto de Loaiza como de Martínez, para desembolsar el pago.
Ospina Loaiza también habría recibido ayuda de Sabogal Tamayo, porque Martínez le recomendó hablar con él para presentar la cuenta de cobro. En una interceptación ella le consulta qué puso en el informe, dado que él no había hecho nada. “Yo tampoco he hecho nada. He hecho como diez llamadas y me han contestado tres”, asegura, pero alteró el documento para cobrar los honorarios completos.
Castaño habría intervenido para mantener esos contratos y lograr los pagos a sus asesores. Así lo habrían hecho durante varios meses para continuar percibiendo millonarios salarios sin realizar las labores propias por las que eran contratados, con informes alterados.
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