Humberto De La Calle sostiene que disidentes como Iván Márquez deben someterse a la justicia ordinaria

En medio del álgido debate sobre la votación del proyecto de Ley de Orden Público se han hecho reparos sobre varios artículos, especialmente sobre aquellos que le dan tratamiento político a los grupos residuales creados luego de la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc y que son integrados o liderados por excabecillas del antiguo grupo.

Bajo ese panorama, uno de los que más se manifestó contra dicho tratamiento fue el senador Humberto De La Calle, que, si bien votó en favor de la ponencia positiva de la iniciativa que pretende convertir a la paz en política de Estado, no está de acuerdo con que se hagan procesos de paz con disidencias como la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, que traicionó lo pactado en La Habana.

Durante la plenaria, el legislador de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza propuso tres cosas; una de ellas, la adición de un nuevo parágrafo al artículo quinto (por el cual se define la política de paz de Estado) de la iniciativa discutida, la cual incluye que disidentes no pueden negociar tratados de paz con el Gobierno nacional, y que en caso de haber conversaciones, estas deben realizarse bajo la concepción de sometimiento a la justicia.

“Yo propongo un artículo explícito en el que se diga que los desertores no pueden entrar en conversaciones con el gobierno salvo para el sometimiento a la justicia por orden judicial”, dijo De La Calle. De paso, recordó que Márquez le incumplió al acuerdo firmado en 2016.

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Una segunda proposición expuesta por el legislador y Angélica Lozano estuvo centrada en que, para el acceso a beneficios legales y políticos, “se deberá exigir como mínimo el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil”. Para el caso de las organizaciones criminales de alto impacto, la propuesta detalla que se les debe exigir como mínimo, la entrega de información suficiente para el desmantelamiento de las economías ilícitas.

Dicha modificación, junto con el artículo quinto, fue avalada en votación con 68 a favor y 14 en contra. En cambio, la propuesta de que los cabecillas que le hicieron conejo a los acuerdos de 2016 no tengan posibilidad de negociar nuevos tratados de paz, se hundió con 55 votos en contra y 27 a favor.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, que se encontraba en el debate junto con el jefe de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le manifestó al exjefe negociador del Acuerdo Final de Paz con la antigua guerrilla que las proposiciones no avaladas han sido revisadas en repetidas ocasiones por el Gobierno nacional.

“Claro, hay desertores (...) de todos los procesos, lo que implicaría prácticamente negar la posibilidad de que haya un proceso de paz en cualquier sentido, político o incluso de acogimiento o sometimiento” señaló Prada. En su intervención, dijo que el enunciado impulsado por Lozano y De La Calle es “demasiado drástico” y afirmó que de haberse aprobado podría haber traído un efecto “demoledor” al propósito de paz total del Gobierno.

A su vez, fue claro al ratificar que no se ha hablado de renegociar el Acuerdo Final con las extintas Farc; en cambio, recalcó que “lo que sí necesitamos es abrir la posibilidad, no cerrar la puerta (...) para tener la posibilidad, en el gobierno de Gustavo Petro, de avanzar hacia la paz total incluyendo cada una de las expresiones de violencia que están actuando en el territorio”.

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