El Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Cancillería, definió los nombres de quienes integrarán la defensa de Colombia en el pleito que sostiene con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Eduardo Valencia Ospina, que era integrante de la Misión de Colombia ante las Naciones Unidas, liderará el equipo jurídico, y estará acompañado de Carolina Olarte-Bácares, que también será la embajadora de Colombia en Países Bajos.
Ospina ya venía siendo parte del equipo de defensa del país en la disputa contra Nicaragua ante La Haya. Según información de la Cancillería, se trata de un reconocido jurista, miembro de la Comisión de Derecho Internacional desde 2006. Fue relator especial sobre el tema de protección de personas en caso de desastres. Tiene más de 30 años de experiencia con el servicio jurídico de las Naciones Unidas y fue subsecretario general de la Corte Internacional de Justicia durante 14 años.
Por su parte, Olarte-Bácares fue miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, un organismo internacional de la solución de controversias que funciona en La Haya. Actualmente, es decana de Derecho en la Universidad Javeriana, donde también fue profesora asociada de derecho internacional y directora del Centro de Estudios de Derecho Internacional “Francisco Suárez”.
Es abogada de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman, así como un doctorado en derecho en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne. Fue consultora en temas de derechos humanos y en derecho internacional de las inversiones, arbitraje internacional y empresas.
Según informó la emisora Blu Radio, se estaría definiendo el nombre de un tercer agente, que por directriz del presidente debería ser un raizal.
Cabe recordar que el pasado miércoles 12 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le pidió a las comitivas de las dos naciones en disputa que presenten solo sus argumentos para definir el mar territorial que alega cada país.
La solicitud de la Corte de La Haya es para que, en el marco de la próxima reunión oral que celebren las dos delegaciones, se exponga por qué se debería fallar en favor de cada nación sobre las 200 millas náuticas que cada país tiene y que llevan solicitando desde hace más de 20 años, ahora con una plataforma continental.
La tarea que la CIJ le encomendó a los gobiernos de Daniel Ortega y de Gustavo Petro se da luego de que Nicaragua solicitara a la Corte que le otorgara una plataforma continental que le permitiera tener más allá de las 200 millas de mar. Esa idea ha sido cuestionada por el Estado colombiano, que asegura que la plataforma pedida por el país centroamericano, que precisamente limita con San Andrés, invade el mar de nuestro país.
“Se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”, señala la delegación colombiana.
Para no recaer en lo que la Corte llamó “consideración de cuestiones técnicas y científicas”, le pidió a los gobiernos Ortega y Petro que, en el siguiente juicio, se enfoquen en aclarar lo relacionado a las citadas 200 millas de mar que responderían al derecho internacional consuetudinario.
Ese citado derecho expone los lineamientos para que alguna nación extienda más de las 200 millas náuticas sobre las costas de otro Estado. En este caso, el archipiélago de San Andrés, en Colombia; y la costa nicaragüense. Con ello, la CIJ también le ordenó a las dos naciones que expongan “las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”.
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