Corte Constitucional es galardonada por sentencia que garantiza los derechos humanos de las personas migrantes

La ceremonia de los Premios Sentencias 2022, con apoyo de 14 entidades internacionales, premió a la Corte Constitucional Colombiana y estuvo a cargo de la Suprema Corte de Justicia de México

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Los premios internacionales también entregaron un reconocimiento especial a tres decisiones más de la Corte Constitucional
Los premios internacionales también entregaron un reconocimiento especial a tres decisiones más de la Corte Constitucional

En las últimas horas se conoció que la Corte Constitucional de Colombia recibió el primer lugar del Premio Sentencias 2022: ‘Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional’, que reconoce aquellos fallos emitidos en el continente americano y que cumplen “con las más altas normas y estándares de los derechos humanos y que han servido para garantizar el goce de los mismos de las personas migrantes”.

La sentencia de la Corte Constitucional que recibió el primer lugar fue la SU-180 de 2022, en la cual la alta corte le ordenó a la Secretaría de Salud de Cali valorar de forma urgente los padecimientos de una mujer venezolana y sus dos hijas que se encontraban en la ciudad, sin importar que su situación migratoria fuera irregular.

El Premio Sentencias 2022, realizado en la Corte Constitucional de México, fue entregado a la justicia colombiana luego de la deliberación de un grupo de jurados integrados por 14 entidades internacionales: Corte Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros.

En la sentencia galardonada, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, también se le hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que entregue la cifra de niños, niñas y adolescentes cuyos padres sean de nacionalidad venezolana y que hayan estado bajo la protección de la institución, o que se les haya iniciado proceso de restablecimiento de sus derechos y que actualmente se encuentren en hogares sustitutos.

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Así como también informar sobre los rangos de edad de ese mismo grupo de niños, niñas y adolescentes, indicando su lugar de nacimiento, esto es, si nacieron en Colombia o en Venezuela.

En un tercer punto se destaca que era necesario conocer el resultado de esos procesos de restablecimiento de derechos, indicando, cuantos de esos niños pudieron ser reubicados en sus familias y cuantos se encuentran en estado de adoptabilidad o fueron efectivamente adoptados.

Los premios internacionales también entregaron un reconocimiento especial a tres decisiones más de la Corte Constitucional. Inicialmente, la sentencia T-006 de 2020 con ponencia de la presidenta de la Corporación, Cristina Pardo Schlesinger, sobre el derecho a la nacionalidad de los niños y niñas hijos de extranjeros que se encuentran en riesgo de apatridia en Colombia.

Esta ponencia se presentó luego de que una niña naciera en 2018 en la localidad de Engativá de Bogotá. No obstante, a su padre, quien aseguraba tener un permiso especial de permanencia, le fue negado hasta tres veces por la Registraduría la nacionalidad colombiana en el registro civil de su hija.

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De otro lado, fue reconocida la sentencia SU-397 de 2021 con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, que analizó el derecho al debido proceso administrativo y a la unidad familiar, así como el interés superior de los menores.

En ese caso, el alto tribunal falló a favor de siete personas extranjeras que fueron vulneradas en sus derechos, tras ser detenidas en unas protestas y expulsadas de manera arbitraria de Colombia. Por ello, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades detener la expulsión del país y garantizarles sus derechos.

Y finalmente, la sentencia T-155 de 2021 con ponencia de la magistrada Paola Meneses Mosquera, donde la Corte Constitucional falló a favor de una menor de edad que nació en Venezuela, llegó a Colombia en 2018 y fue encontrada en situación de abandono y sin protección alguna en la ciudad de Barranquilla.

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