El Ministerio Público halló varios indicios de sobrecostos en el contrato entre Empresas Municipales de Cali, Emcali, y la Unión Temporal AMI, y otras posibles irregularidades. Por esa razón, ordenó la apertura de una investigación en contra del exgerente de la entidad, Juan Diego Flórez González y otros 12 funcionarios.
La Procuraduría halló posibles irregularidades en la planeación, como en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores, que podría haber conllevado a sobrecostos en el contrato firmado por un valor de 215 mil 879 millones de pesos.
“Todo lo anterior es lo que permite al despacho afirmar que los documentos técnicos elaborados en la etapa de planeación, bajo los cuales se intenta implementar por Emcali el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) al parecer son deficientes en los análisis técnicos y económicos, no son claros respecto al objeto de lo que se pretende y eso se refleja en la definición del valor del contrato (sobrecostos / sobreprecios)”, precisó la Procuraduría.
En las indagaciones, el Ministerio Público identificó distorsiones no explicadas en la comparación de cotizaciones, diferencias relevantes entre los valores promedio de los ítems y los de la oferta presentada. “Puede concluirse que hay cifras atípicas que probablemente afectaron los promedios de los precios unitarios y valor total en varios ítems cotizados, lo que al parecer conllevó a que se presentaran distorsiones extremas en los valores incluidos”, aseguró la Procuraduría del análisis.
Por ejemplo, la cotización de los televisores de 55 pulgadas por un poco más de 42 millones de pesos tendría un valor superior al promedio del mercado en un 247 % y los video wall que costaron 763 millones, un 285 % más que el promedio de la oferta comercial.
“En los costos para la instalación del sistema comunicaciones por unidad, los costos fluctúan entre 396 mil 700 pesos y cinco mil 133 millones 84 mil 594 pesos, lo que muestra en este ítem que el mayor valor cotizado equivale a 12.962 veces el menor valor”, señaló la Procuraduría.
Por estas razones, de hallarse responsabilidad de los funcionarios, estos habrían vulnerado los principios constitucionales de moralidad, economía e imparcialidad que rigen la función administrativa y el deber de selección objetiva.
Los vinculados a la investigación son el secretario general, Carlos Olmedo Arias Rey; el gerente de la Unidad Estratégica de Energía, Marino del Río Uribe; el gerente del Área de Abastecimiento, Jorge Hernelio Saldarriaga Romero, y el subgerente de Distribución de la Unidad Estratégica de Energía, Adolfo León Aponte García.
También la subgerente técnica de la Unidad Estratégica de Energía, Mercedes Patricia Muñoz Lora; la jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, Carmen Elena Camacho Lozano; la jefe de la Unidad de Abastecimiento, Sandra Milena Llanos, y la jefe de la Unidad de Control de Energía de la Unidad Estratégica de Energía, Ana María Benjumea Gil.
Finalmente, la coordinadora de la Unidad Jurídica, Diana Lucero Mejía Ramírez; la jefe de la Unidad Jurídica, Diana Paola Urrego Trujillo; la coordinadora de la Unidad de Abastecimiento, Silvia Patricia Galindo Salas, y la directora de Presupuesto, María Cristina Acosta Anzola.
La Contraloría también pondrá la lupa en la Alcaldía de Cali
Un funcionario de la Contraloría General de la República llegará a la Alcaldía de Santiago de Cali para revisar al menos 34 contratos que presentan denuncias ciudadanas por posibles irregularidades cometidas entre 2019 y en lo corrido de este año. Además, amplió la revisión de los contratos de Emcali a más años de los inicialmente contemplados.
De acuerdo con el organismo de control, esta decisión se tomó luego de varias denuncias recibidas durante la pasada audiencia pública del 30 de septiembre realizada en la Cámara de Comercio del Valle del Cauca, a la que llegaron denuncias ciudadanas, fiscales y alertas tempranas relacionadas con la gestión de las Alcaldía de Cali.
Estos insumos informativos se tuvieron en cuenta para avanzar en un control prevalente, que se sumó a la información que aportó la DIARI en un análisis de bases de datos, que arrojó un informe que señala que durante 2019 y 2022 se gestionaron 115.094 contratos por 6.2 billones de pesos.
Son al menos 34 contratos de gran cuantía en los que pondrá el foco esta vigilancia especial en los que se cuentan administrativos suscritos por la alcaldía de Cali con Impretics - Imprenta Departamental, Secretarías Distritales, obras inconclusas del Jarillón de Cali, alumbrado navideño de 2020 y Ferias de Cali de los años 2020 y 2021, entre otros.
El alcalde Jorge Iván Ospina se refirió a la actuación un día antes de la llegada de los delegados a la ciudad. “Saludamos y observamos de suma importancia la Comisión Especial de la Contraloría en nuestra ciudad desde el lunes, con control preferente, objetiva, especializada e independiente a cualquier interés político o mediático”, señaló a través de su cuenta de Twitter.
“Cómo deseamos que todos los resultados sean remitidos a la Fiscalía o Procuraduría según sea el caso. Incluso comprendemos que aún antes de hacer la auditoria por parte de la propia Contraloría y por mera sospecha la misma adelante las denuncias penales ante la Fiscalía. Aunque la verdad no es usual, denunciar ante la Fiscalía (caso Emcali), sin siquiera la Contraloría haber iniciado la auditoria respectiva que esperamos sea con gran rigor e intensidad”, agregó el mandatario de la capital vallecaucana.
Así mismo, la Contraloría decidió revisar más contratos de Emcali en la Actuación Fiscal que lleva sobre la empresa, para cobijar también las vigencias de 2019, 2020 y 2021 luego de que se conocieran los contratos con presuntos sobrecostos que motivaron la salida del director de la compañía pública.
De acuerdo con el ente de control, desde el 2019 se han firmado 2.198 contratos por 1.7 billones de pesos. Además, en el informe de la DIARI se señala que “de manera preliminar, existen malas prácticas recurrentes en contratación, caracterizadas por la concentración de contratistas, selección directa que beneficia a un entramado de consorcios y/o uniones temporales, cuyas condiciones de contratación ponen en riesgo los recursos públicos involucrados”.
Actualmente se desarrollan tres indagaciones preliminares por cuantía superior a 100 mil millones de pesos. A estas se sumarán otras tres indagaciones sobre las denuncias formuladas por el senador Alexander López, mientras que la delegada tiene en trámite ocho procesos de responsabilidad fiscal por 23 mil millones de pesos.
Así mismo, la Contraloría Delegada para el sector Vivienda y Saneamiento Básico, en el marco de la auditoria de la vigencia 2022 a EMCALI, está consolidando el informe sobre el análisis realizado al Contrato 500-CS-2039 de 2022, suscrito entre EMCALI y la Unión Temporal AMI 2022, y al proceso Convocatoria Pública Parque Mulaló.
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